Lastra denuncia un informe del accidente en Cerredo como 'dislate jurídico'

La Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha criticado duramente un borrador de dictamen parlamentario sobre el accidente en la mina de Cerredo, calificándolo de 'dislate jurídico' y 'despropósito político'.

El informe, elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, atribuye responsabilidad a siete personas relacionadas con la Administración, incluyendo directivos de empresas públicas como Hunosa y la Autoridad Portuaria de Gijón. Sin embargo, Lastra sostiene que no existe evidencia que relacione a la Administración con el accidente, ocurrido en una empresa privada y enmarcado en un contexto de actividades ilegales.

Este cruce de acusaciones refleja una tensión política en torno a la gestión y supervisión del sector minero en Asturias. La oposición y ciertos sectores del parlamento buscan esclarecer responsabilidades, mientras que el Gobierno defiende la integridad de su gestión y cuestiona la validez del informe.

Las declaraciones de Lastra se producen en un contexto donde el Gobierno regional y central han mostrado interés en mantener la estabilidad en un sector clave para la economía local y en evitar que estas acusaciones afecten la percepción del sector minero. La disputa pone de manifiesto las diferencias en la interpretación del accidente y la responsabilidad administrativa.

De cara al futuro, la controversia puede intensificarse si las investigaciones judiciales no respaldan las conclusiones del informe parlamentario. La tensión política en torno a este asunto refleja también las distintas visiones sobre la gestión de recursos y seguridad en actividades industriales en Asturias, con posibles implicaciones en la política regional y nacional.