En un nuevo episodio de tensiones entre los profesionales de la salud y las autoridades españolas, los médicos de Asturias han decidido unirse a la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre. Este movimiento cuenta también con el respaldo de otros sindicatos, que buscan forzar al Gobierno a establecer un Estatuto Marco propio para la profesión médica. Para estos días de protestas, el Gobierno regional ha aprobado un decreto de servicios mínimos, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

A pesar de casi tres años de conversaciones y más de 60 reuniones entre el Ministerio de Sanidad, Sindicatos y sus comités, el consenso sigue siendo elusivo, especialmente en torno a un documento que permanece sin cambios desde 2003, lo que ha dejado a muchos en el colectivo médico insatisfechos.

El Comité de Huelga de CESM y SMA ha indicado que se llevarán a cabo concentraciones en todas las comunidades autónomas. En Madrid, esta huelga comenzará con una manifestación el martes 9 de diciembre a las 10:00 horas, partiendo del Congreso de los Diputados hasta llegar al Ministerio de Sanidad, en un intento por hacer oír su voz y demandas.

Entre las principales exigencias de los sindicatos está la implementación de un Estatuto Marco que consideren adecuado para los médicos, ya que el actual marco regulatorio del Ministerio les parece insuficiente. Argumentan que es fundamental contar con una esfera de negociación que refleje las verdaderas necesidades de los profesionales y que les permita comunicarse de manera eficaz con la Administración.

Además, los sindicatos critican la falta de diferenciación en la clasificación profesional, ya que el Ministerio no establece distinciones adecuadas entre titulados MECES III y MECES II. Esta desigualdad en el reconocimiento de la formación especializada y su implicación en la responsabilidad profesional es un punto altamente discutido entre los médicos.

La valoración de la responsabilidad en la clasificación de grupos profesionales también es un tema candente; los médicos argumentan que el actual sistema no considera adecuadamente los niveles de compromiso y la carga de trabajo de los profesionales. Asimismo, demandan una modificación del Estatuto que permita crear un grupo A1+, al margen de las distinciones existentes dentro del grupo A, lo que podría conllevar ventajas retributivas importantes.

Respecto a la jornada laboral y las guardias, los sindicatos critican que esta actividad no sea calificada como extraordinaria y que la retribución no esté garantizada por encima de la hora ordinaria. Acusan a la Administración de rentabilizar la guardia médica para mantener un sistema asistencial completo a pesar de contar con recursos escasos, lo que provoca que muchos médicos enfrenten semanas laborales que superan las 45 horas sin una justa compensación.

También expresan su descontento sobre la movilidad forzada que se contempla en el nuevo Estatuto, así como sobre el régimen de incompatibilidades que consideran "discriminatorio".

En una línea paralela, otras organizaciones sindicales de trabajadores sanitarios anunciaron el jueves huelgas indefinidas a partir del 27 de enero, argumentando el rechazo del Ministerio de Sanidad a negociar un Estatuto que respete y mejore las condiciones laborales de sus miembros, lo que podría intensificar aún más la situación en el sector.

Tal y como indica Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, el Ministerio de Sanidad no ha mostrado voluntad de consensuar un Estatuto que respete el principio de igualdad entre los profesionales del sistema sanitario, tras años de negociaciones infructuosas.

Los sindicatos exigen que el nuevo marco de clasificación del personal sanitario incluya retribuciones adecuadas, además de condiciones laborales que faciliten la conciliación de la vida familiar y profesional, así como el acceso a jubilaciones anticipadas y parciales de forma voluntaria.

Frente a estas reclamaciones, el Ministerio de Sanidad sostiene que el borrador del nuevo Estatuto contempla las demandas dentro de su ámbito de competencia. Defienden que han trabajado en un marco que respeta las competencias de las comunidades autónomas y que protegerá la organización de servicios, eliminando la posibilidad de legislación sobre aspectos internos que podrían resultar inconstitucionales.

El Ministerio subraya que las retribuciones específicas y los distintos aspectos operativos dependen de cada servicio de salud y de la Ley de Presupuestos, y, por lo tanto, no pueden ser regulados por el nuevo Estatuto. Además, aclaran que la gestión de jubilaciones anticipadas está únicamente en manos de la Seguridad Social.

Finalmente, el Ministerio afirma que la continuación del proceso legislativo permitirá la inclusión de propuestas constructivas dentro del marco constitucional, buscando siempre un equilibrio en la distribución de competencias y oportunidades que beneficien a todos los trabajadores del sector salud.