El proyecto de ley PIER, que busca agilizar la declaración de proyectos como de interés estratégico regional, comenzará su tramitación parlamentaria este lunes en la Junta General.

OVIEDO, 24 May.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado el proyecto de ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, que dará al Gobierno un plazo máximo de tres meses para declarar un proyecto como PIER y otorgarle una tramitación urgente y preferente.

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha explicado que los promotores deberán presentar su solicitud en la Consejería correspondiente. A partir de ese momento, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) iniciará un expediente para recopilar los informes necesarios y solicitar la opinión de otras administraciones. En un plazo de tres meses, se emitirá un informe que permitirá a la Consejería de Industria proponer el proyecto como de interés estratégico regional al Consejo de Gobierno.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Nieves Roqueñí, Guillermo Peláez y Gimena Llamedo han explicado que la norma busca impulsar iniciativas empresariales claves, atraer inversiones y fomentar la creación de empleo en la región.

La Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER) empezará su proceso parlamentario el lunes, con el objetivo de reducir plazos y eliminar trabas burocráticas que puedan obstaculizar la competitividad de Asturias.

Las empresas podrán beneficiarse de esta ley si generan al menos cien puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o realizan una inversión de al menos 30 millones en un plazo de dos años. Estos requisitos se reducen a la mitad en municipios con problemas demográficos, donde bastará con crear cincuenta empleos o movilizar quince millones.

El Gobierno autonómico será responsable de declarar los PIER, que recibirán un impulso prioritario y preferente ante otras administraciones, así como prioridad en el acceso a apoyos económicos y financieros regionales.

La norma agilizará procedimientos y brindará respaldo a los municipios que requieran asistencia para gestionar expedientes. Las localidades con escasez de recursos podrán delegar al Principado la gestión de los trámites, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

La declaración de un proyecto como PIER permitirá considerarlo de utilidad pública o interés social, con implicaciones legales en materia de expropiación forzosa. Además, los proyectos en terrenos no urbanizados serán considerados compatibles urbanísticamente.

Los proyectos PIER tendrán acceso preferente a fuentes de financiación y podrán obtener avales del Principado o entidades dependentes. También se beneficiarán de estímulos para la formación y contratación de personal en la comunidad autónoma.

La elaboración de la ley ha sido liderada por la Consejería de Transición Ecológica, con la colaboración estrecha de la Vicepresidencia, que ha buscado el consenso de los grupos parlamentarios para su tramitación en la Junta General.

En una rueda de prensa, se ha preguntado al Gobierno sobre la disposición del Partido Popular a apoyar la norma y si esto iniciará una nueva etapa en la política asturiana. La vicepresidenta Llamedo ha afirmado que el Gobierno está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas para abordar las reformas necesarias en Asturias.