• martes 7 de febrero del 2023

Podemos demanda a Barbón que los capitales dejen "poner el volante a la izquierda" y "desprecintar competencias"

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OVIEDO, 15 Jul.

La organizadora autonómica de Podemos Asturies, Sofía Castañón, ha instado a Adrián Barbón a proseguir el "giro a la izquierda" que a su juicio mostró Pedro Sánchez en el enfrentamiento sobre el estado de la nación. Para ello, le ha solicitado "desprecintar las competencias autonómicas" y que el presupuesto autonómico para 2023 deje "poner el volante a la izquierda".

En una rueda de prensa conmemorada este viernes en Oviedo al lado del representante parlamentario, Rafael Palacios, Castañón indicó que medidas como el "impuesto al oligopolio", las becas a alumnos o los abonos al transporte suponen "políticas valientes que cuidan el gobierno de coalición".

Ante esto, ha llamado al Gobierno asturiano a "tomar nota y utilizar el giro a la izquierda que está tomando el Gobierno central" con medidas como el incremento de la bonificación del transporte hasta el 50% a nivel autonómico. Del mismo modo, ha instado a Barbón a ignorar su "inanición política" y "tener autonomía" para no aguardar a arreglar los inconvenientes con la futura legislación estatal.

También ha recordado que Asturias prosigue sin ley LGTBI o de Vivienda, que el Principado todavía no ha asumido las competencias ferroviarias y que, a su juicio, la única prisa de la legislatura es sacar adelante una Ley de Calidad Ambiental "que bebe de la Ronda Norte". "Requerimos que Adrián Barbón desprecinte las competencias autonómicas", explicó", para pedir que los capitales del 2023 marquen ese "giro hacia la izquierda".

Castañón ha recordado que este jueves el PSOE votó en el Congreso en oposición a una resolución de Unidas Podemos sobre la oficialidad del asturiano y el gallego-asturiano, "con lo que semeja que a esta altura la FSA no posee mucho más intención que quedarse en lo folclórico".

Por su parte, Palacios ha criticado que Adrián Barbón vaya a Bimenes a la Fiesta pola Oficialidá a comunicar una Oficina de Defensa de los Derechos Llingüísticos y después en el Congreso "voten en oposición a esos derechos". Una situación que a su juicio exhibe la "contradicción fragante entre el alegato y la práctica" del Ejecutivo autonómico tras "tres años de avisos y campaña electoral persistente".

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