OVIEDO, 7 Nov.

En una declaración reciente, Luis Venta, diputado del Partido Popular en Asturias, ha criticado con dureza al Gobierno regional por su reciente entrega de datos relacionados con el plan de control de la población de lobos, sosteniendo que lo hicieron únicamente para cumplir con un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), cuyo plazo finalizó efectivamente ayer.

Durante una conferencia de prensa, Venta cuestionó la veracidad del compromiso del Gobierno con la transparencia al considerar que el anuncio de los datos por parte de Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria, no fue sino una respuesta forzada. El diputado recordó que su partido había presentado un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA en respuesta a la negativa del Gobierno a proporcionar la información solicitada, además de mencionar las quejas aceptadas en el Parlamento sobre este asunto.

El portavoz en temas de Medio Rural del PP no se mostró optimista respecto a la eficacia del plan de control, afirmando que las acciones llevadas a cabo por la guardería y las cacerías programadas no han logrado cumplir con los objetivos definidos. Según su análisis, los datos recientes evidencian que el control de la población de lobos en Asturias no está funcionando como se esperaba.

Venta tildó el plan de “farsa” y denunció la falta de transparencia del Gobierno en lo que respecta a la gestión de la población de lobos. Aseguró que en los primeros seis meses de la acción, sólo se abatieron 11 lobos en toda Asturias, mientras que muchas áreas del territorio sufrieron la falta de intervenciones efectivas.

En particular,Venta especificó que en los seis meses iniciales del plan solo se eliminaron 11 lobos, dos de los cuales fueron en la zona del Monte Llosorio, correspondiente a los concejos de Mieres y Riosa. Lamentó que, en regiones como la Sierra del Cuera y la Sierra del Sueve, a pesar de los daños ocasionados a la ganadería, no se haya abatido ni un solo ejemplar.

El diputado popular también proporcionó información sobre el número de actuaciones realizadas, mencionando que se realizaron 90 intervenciones bajo el método de guardería durante seis meses, de las cuales 30 se centraron en Llosorio.

Además, Venta hizo mención a los problemas que enfrentan las cacerías autorizadas. Según su análisis, un 40% de las cacerías en las reservas fueron rechazadas por los cazadores, quienes, la situación actual les ha impedido comprometerse con el plan, careciendo de la seguridad jurídica necesaria.

El parlamentario advirtió que, extrapolando los resultados actuales, serían necesarias más de 400 acciones en los cinco meses restantes del plan para cumplir con los objetivos establecidos, algo que él mismo considera irrealista ante la ejecución que se ha llevado a cabo hasta ahora. Este plan, que se extenderá hasta marzo de 2026, afecta a una población estimada de 345 lobos.

Además, Venta denunció que un 90% del territorio asturiano no ha recibido control efectivo, mientras que se calcula que los lobos habitan más del 85% de la región. También criticó la práctica del Gobierno de incluir lobos fallecidos por causas naturales o accidentes en sus estadísticas, lo que, según él, distorsiona la percepción de la efectividad del plan. “Sumar lobos accidentados al total abatido pone en entredicho la autenticidad de los resultados,” expuso.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero Marcelino Marcos informó que, en la mitad del periodo de ejecución del programa de control poblacional, se habían registrado hasta la fecha 19 lobos abatidos, de los cuales 11 resultaron de extracciones planificadas por el personal especializado, mientras que 8 fueron producto de causas naturales o accidentes, lo que representa una tasa de ejecución del 36%.

Sobre las cacerías, el consejero mencionó que se han autorizado 174 cacerías en reservas regionales, de las cuales solo 37 se han llevado a cabo hasta el momento, aunque enfatizó que “ninguna ha tenido éxito hasta ahora.” Estas actividades están previstas para ser empleadas en regiones donde se están reportando daños significativos a la ganadería.