OVIEDO, 28 Nov.

La concejala Marisa Ponga, representante del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, ha manifestado su rechazo a la reciente decisión del Gobierno local de Alfredo Canteli de aplicar un recorte significativo en las subvenciones destinadas a la cooperación internacional. Ponga sostiene que esta medida impactará negativamente a cinco organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGDs) que dependen de estas ayudas, las cuales se ven ahora amenazadas por la escasez de financiamiento.

La propuesta que fue aprobada exclusivamente por el Partido Popular en el consejo de Subvenciones establece que las convocatorias de ayudas se realizarán cada dos años, lo que, según Ponga, significa que no habrá nuevas ayudas hasta el año 2027. Para los ejercicios de 2025 y 2026, las partidas disponibles se limitan a 700.000 euros, repartidos en 350.000 por cada año, lo que refleja una drástica disminución del 27% en relación a 2024 y del 44,4% si se compara con los 630.000 euros destinados en 2023.

Ponga critica que el Gobierno presente esta nueva convocatoria bianual como un avance hacia la estabilidad de los proyectos, al tiempo que resalta que las ONGDs deberán cumplir con "justificaciones parciales", lo que, a su juicio, no disminuirá la carga burocrática que enfrentarán.

Además, ha denunciado que el presupuesto municipal para 2025 ha eliminado la partida destinada a emergencias humanitarias, lo que, según su opinión, priva al Ayuntamiento de la capacidad de responder de manera efectiva a crisis internacionales. En respuesta, ha proyectado llevar una propuesta al Pleno del próximo martes con el fin de reinstaurar una partida que atienda "este mismo año" a las personas en situación de vulnerabilidad, enfocándose en la crisis que afecta a la población civil en Gaza.

Ponga recuerda que el PSOE ha venido señalando una serie de "recortes continuos" en el ámbito de la cooperación internacional desde la llegada de Canteli al Ayuntamiento, incluyendo un período en el que las ayudas se fijaron en "cero". También ha criticado que la nueva normativa limita la contribución municipal a solo el 8% del costo total por proyecto, lo que, a su juicio, restringe la acción de las entidades y pretende "tapar" los efectos de esta reducción presupuestaria.