Queipo denuncia un supuesto caos organizado en Minas de Asturias vinculado a actividades ilegales

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha señalado que un informe de la Inspección General de Servicios sugiere la existencia de un "caos teledirigido" en el sector minero del Principado, específicamente en la mina de Cerredo, que habría facilitado actividades ilegales y enriquecimiento ilícito. La investigación apunta a una gestión deliberadamente desorganizada en la Consejería de Industria, que habría permitido la omisión de controles y favorecido intereses particulares.

Este análisis se enmarca en un contexto político marcado por la gestión del actual Gobierno regional, liderado por Adrián Barbón, del PSOE, y las acusaciones del PP sobre una supuesta connivencia con el sector minero para favorecer ciertos intereses económicos. La polémica surge tras el accidente mortal en la mina de Cerredo, que ha puesto bajo escrutinio la política y regulación del sector en Asturias.

Desde el PP, Queipo ha solicitado la reapertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación, apoyada por Foro Asturias, para ampliar las declaraciones y exigir explicaciones al presidente Barbón y a ex responsables políticos, incluyendo exconsejeros de Industria. La intención es esclarecer las supuestas irregularidades y determinar responsabilidades políticas y penales.

El líder popular ha criticado la gestión del actual Ejecutivo, acusándolo de premiar a quienes facilitaron actividades ilegales, y ha responsabilizado directamente a Barbón por la situación. Además, ha cuestionado los plazos en los que el Gobierno supuestamente conoció el informe, que fue firmado el 5 de marzo, y ha acusado al presidente de no haber actuado con la diligencia necesaria.

Este caso evidencia tensiones políticas en Asturias, donde las disputas sobre la gestión de recursos y la protección de la seguridad laboral se han intensificado. La oposición exige mayor transparencia y control en un sector clave para la economía regional, que ha visto en los últimos años un declive en producción y empleo.

En un contexto más amplio, el debate refleja las dificultades que enfrenta Asturias para modernizar y regular un sector minero en declive, mientras las acusaciones de corrupción y mala gestión amenazan con afectar la estabilidad política y la confianza en las instituciones regionales.