Sindicato FASAD acusa obstaculización en negociación del II Convenio Colectivo
Oviedo, 30 Oct.
El comité de empresa de la Fundación Fasad ha denunciado el estancamiento de las negociaciones para el II Convenio, que lleva congelado desde el año 2021 sin que la Fundación muestre voluntad alguna de llegar a un acuerdo.
CCOO de Enseñanza y UGT Servicios Públicos han señalado en un comunicado que a lo largo de este tiempo han recibido diversas excusas, siendo la última que se está negociando un Convenio del Sector Público que incluiría a Fasad, pero sin una fecha concreta, lo cual podría significar más de 6 años sin convenio.
Las organizaciones afirman que es responsabilidad de la Gerencia de la Fundación este bloqueo, el cual no ha impedido que recientemente se apruebe un nuevo organigrama por parte del Patronato. Dicho organigrama implica asumir más competencias de algunos puestos directivos que ya tenían sobrecarga de funciones, además de aumentos salariales que en algunos casos superan los 600 euros.
A modo de ejemplo, la Fundación ha ofrecido un aumento insignificante de 0.2 euros por hora trabajada los domingos. Además, CCOO y UGT señalan que una Evaluación de Riesgos Psicosociales ha revelado la existencia de riesgos muy elevados para los trabajadores de atención directa.
Los sindicatos han solicitado reuniones a la consejera de Bienestar Social, Melania Álvarez, quien es también Presidenta del Patronato de la Fundación y máxima gestora de la misma. Sin embargo, aún no han recibido una fecha para dichas reuniones.
El Comité de Empresa presentará una propuesta de Acuerdo basada en tres puntos clave - complementos salariales, jornada laboral y clasificación profesional - para la firma de un Convenio de transición hasta que se apruebe el I Convenio del Sector Público que incluirá a Fasad.
Paralelamente, se llevarán a cabo movilizaciones y acciones con el objetivo de lograr una negociación real del II Convenio Colectivo, que sea seria y con compromisos, así como un diálogo fluido en otras cuestiones que afectan de manera importante a la calidad de atención de los usuarios.
En definitiva, han concluido que no pueden permitir que Fasad continúe siendo un recurso económico para la Administración en cuanto a la atención a personas con discapacidad.