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Política 15 de Julio de 2026 · 11:08h 2 min de lectura

Somos Asturies exige cambios en la ley de vivienda para fortalecer sanciones y control del mercado

La formación política Somos Asturies ha solicitado la incorporación de siete modificaciones al proyecto de ley de vivienda del Principado, incluyendo multas de hasta 900.000 euros por acoso inmobiliario. La diputada Covadonga Tomé ha advertido que, sin estos cambios, su grupo no apoyará la normativa en su versión actual.

El contexto político en Asturias refleja una tensión entre el gobierno autonómico, que busca avanzar en la regulación del mercado de alquiler y venta de viviendas, y los grupos de oposición que cuestionan la eficacia y alcance de las propuestas. La ley pretende abordar la crisis habitacional, pero algunos partidos consideran que carece de medidas suficientes para frenar la especulación y proteger a los inquilinos.

El rechazo de Somos Asturies podría influir en el proceso de aprobación, que requiere el apoyo de una mayoría en el parlamento. La negativa del grupo, que representa una parte significativa del arco político, podría ralentizar o modificar la tramitación de la ley.

Desde el Ejecutivo autonómico, la propuesta inicial busca dotar de herramientas legales para frenar prácticas abusivas y estabilizar el mercado habitacional. Sin embargo, las enmiendas planteadas por la oposición buscan ampliar el alcance de las sanciones y establecer medidas más contundentes contra la especulación inmobiliaria.

El debate refleja una controversia mayor sobre el equilibrio entre regulación y libertad de mercado en la política de vivienda, además de evidenciar la dificultad de aprobar normas que satisfagan a todos los grupos políticos en un contexto de alta tensión social y económica.

El futuro de la ley dependerá de las negociaciones finales en el parlamento, pero su aprobación puede verse afectada por la resistencia de algunos partidos a aceptar las propuestas más restrictivas. La situación pone de manifiesto la complejidad de implementar reformas efectivas en un mercado inmobiliario en crisis, con una perspectiva de cambios legislativos en los próximos meses.

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