En un contexto de creciente preocupación por la ciberseguridad y la igualdad de género, el Parlamento Europeo está llevando a cabo la Semana de la Igualdad de Género, un evento que se centra en el lema 'La mujer en el mundo digital: seguridad y empoderamiento'. Esta temática aborda los desafíos que enfrentan las mujeres en el entorno digital, especialmente en lo que respecta a la violencia y el acoso en línea.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, ha realizado advertencias sobre los peligros que plantea la Inteligencia Artificial (IA) en términos de ciberviolencia hacia las mujeres. Teruelo subraya que, a pesar de que algunas personas crean erróneamente que ciertos comportamientos no son delictivos, la realidad es que estas acciones son, de hecho, conductas criminales.

El experto señala que el avance tecnológico propicia un aumento en las conductas delictivas, citando el caso de los 'deepfakes', que se hacen posibles únicamente gracias al desarrollo de la IA. Según sus declaraciones a Europa Press, la celebración de la Semana de la Igualdad de Género se presenta como una oportunidad fundamental para reflexionar sobre estos problemas.

Teruelo menciona en particular el fenómeno del 'deepfake sexual', que implica la creación de videos o imágenes sexualmente explícitas que son falsificadas mediante técnicas de IA. Esta actividad ilegal es castigada severamente, con penas que varían entre 6 a 14 meses de prisión.

A pesar de los riesgos, el catedrático argumenta que la IA también puede ser utilizada para fines positivos, como la investigación delictiva y la identificación de autores de delitos, así como para detectar situaciones de riesgo. Sin embargo, reconoce que estas aplicaciones están aún en etapas iniciales de desarrollo.

El experto recalca que la IA tiene el potencial de ayudar a crear perfiles tanto de víctimas como de perpetradores al analizar grandes conjuntos de datos. Esto es especialmente pertinente dado que Teruelo ha sido recientemente reconocido con la Cruz Distinguida de primera clase de la orden de San Raimundo de Peñafort, gracias a su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Entre los actos de ciberviolencia que Teruelo señala se incluye el 'stalking digital', que se manifiesta a través de acoso mediante mensajes masivos o llamadas reiteradas, y que puede conllevar penas de prisión de tres meses a dos años. El 'sexting', por su parte, se refiere a la difusión no consentida de contenidos íntimos y también es objeto de sanciones penales.

Además, el catedrático menciona la ilegalidad de la 'redifusión del sexting', que acarrea sanciones, y del fenómeno denominado 'sextorsión', que implica amenazar a las víctimas para realizar ciertas acciones en condición de no hacer públicas imágenes privadas. Esta última puede ser penada con hasta seis años de prisión, mientras que el chantaje relacionado se castiga con un rango que varía entre dos a cuatro años.

Un aspecto destacado por Teruelo es que la ciberviolencia afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, que son tanto víctimas como perpetradores, dado su alto nivel de interacción y competencia en el ámbito digital. En este sentido, aboga por una mayor sensibilización y educación para prevenir estas situaciones.

El informe titulado 'Ciberviolencia contra las mujeres en la UE', elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, expone cómo la Inteligencia Artificial puede exacerbar los riesgos de ciberviolencia al facilitar comportamientos abusivos con una rapidez y anonimato sin precedentes.

La tecnología de 'deepfake', que permite suplantar la imagen y voz de las personas, representa una amenaza particular para las mujeres, lo que ha llevado a la creación de medidas legislativas destinadas a erradicar esta práctica.

El mencionado informe resalta que la IA no solo implica riesgos, sino que también ofrece oportunidades para combatir la violencia de género, permitiendo, por ejemplo, la identificación de menores en material de explotación infantil y la vigilancia de plataformas para detectar discursos misóginos.

Por otro lado, las herramientas basadas en algoritmos pueden ayudar a identificar y eliminar contenido ilegal en línea, potenciando así la capacidad de respuesta ante la ciberviolencia.

La actual celebración de la Semana de la Igualdad de Género persigue, entre otros objetivos, combatir el acoso en línea y brindar soluciones a la problemática de la ciberviolencia. A lo largo de esta semana, se están desarrollando diálogos sobre la inclusión de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE, así como sobre la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo político.

El enfoque hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento digital es fundamental en los eventos organizados por la Eurocámara, donde también han participado figuras políticas de renombre, como el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Si bien no hay datos exhaustivos sobre la incidencia de la ciberviolencia a nivel europeo, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) realizó una encuesta entre 2012 y 2014 que ofrece destellos sobre la violencia en línea, revelando que una de cada diez mujeres ha sido víctima de ciberacoso desde los 15 años.

Un estudio posterior de la FRA, realizado en 2019, encontró que el 13% de las mujeres en la UE habían experimentado ciberacoso en los últimos cinco años, siendo las más jóvenes las más afectadas, con un 27% en el grupo de 16 a 29 años.

Como respuesta a esta preocupante situación, el Parlamento Europeo ha tomado cartas en el asunto, promulgando la Directiva (UE) 2024/1385, que establece un marco legislativo para definir y castigar la ciberviolencia en el contexto de la violencia de género.

Esta normativa penaliza diversos tipos de conductas abusivas, como el intercambio no consensuado de material íntimo, el ciberacoso y la incitación a la violencia. Destaca un enfoque particular en la ciberviolencia que afecta a mujeres en posiciones de poder o activismo.

Finalmente, la directiva también fortalece los derechos de las víctimas, permitiendo la presentación de denuncias en línea y el acceso a recursos legales, subrayando la importancia de adaptar las leyes nacionales a los avances tecnológicos en constante evolución.