El escándalo se desató en el colegio José Bernardo y en otros centros educativos de Asturias, como el Villapendi en Turón, donde las familias se vieron obligadas a asumir sobrecostes abruptos para pagar el servicio del comedor escolar.

Esto, debido a que la empresa encargada de brindar el servicio en dichos colegios y en otros establecimientos de la región se declaró en quiebra. Ante esta situación, la Consejería de Educación decidió buscar un reemplazo, pero el costo para las familias aumentó drásticamente.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, no tuvo reparo en calificar esta situación como una "barbaridad absoluta". Es inaceptable que ahora las familias tengan que desembolsar cerca de 300 euros para garantizar el almuerzo de sus hijos y su transporte en colegios públicos.

Tomé reconoce que se enfrentan a una situación imprevista, pero insiste en que no se puede cargar a las familias con este peso financiero. Las declaraciones de la consejera de Educación, Lydia Espina, sobre el comedor como una herramienta de conciliación han generado controversia. Tomé señala que la conciliación es una responsabilidad del gobierno progresista y no puede utilizarse como excusa para subir costos a las familias.