Transportes solicita su participación en expediente contra Aucalsa, y el Principado muestra sorpresa

La Dirección General de Consumo del Principado ha solicitado formalmente su incorporación como parte interesada en el expediente sancionador abierto contra Aucalsa. La compañía afronta sanciones por mantener tarifas en la autopista del Huerna pese a las obras que dificultaron el tráfico en la vía.

Este movimiento ha generado sorpresa en el gobierno autonómico, que no esperaba tal petición. La viceconsejera Beatriz González Prieto afirmó que la solicitud del Ministerio de Transportes ha sido recibida con desconcierto y cuestionó si la intención del Ministerio es rescatar a los usuarios o proteger los intereses de la concesionaria.

El conflicto se enmarca en un contexto de tensión política y de gestión en la que se entrelazan decisiones administrativas y la posible protección de intereses privados. La concesión de la autopista fue prorrogada en 2020 en circunstancias controvertidas, y en abril de 2024 la Comisión Europea declaró ilegal el peaje que la empresa cobraba en dicha autopista.

Desde el Gobierno asturiano, se advierte que la solicitud del Ministerio podría contradecir los objetivos públicos de protección a los usuarios y de rescate de la infraestructura, en un momento en que la gestión de concesiones ha sido objeto de debate político en toda España. La intervención del Ministerio en este expediente podría tener repercusiones en la política de movilidad y en el control de concesiones privadas.

El análisis técnico y legal del Servicio de Consumo determinará si la solicitud de personación procede. La posición del Principado apunta a que prevalezcan los intereses de la ciudadanía frente a posibles intereses económicos privados, en un escenario de creciente crítica a la gestión de las autopistas de peaje en la región y en el país.

En el contexto actual, la situación refleja las tensiones entre administraciones y la necesidad de una regulación más clara en materia de concesiones de autopistas. La resolución del expediente podría marcar un precedente en la política de infraestructuras y en la protección de los derechos de los usuarios en Asturias y en España.