Vox exige paralizar centro de menores en La Florida por riesgos y prioridades sociales

La Junta Regional de Vox en Asturias ha solicitado oficialmente la paralización del proyecto para instalar un centro de menores extranjeros no acompañados en un piso del Paseo de La Florida, en Oviedo. La portavoz, Carolina López, argumenta que la medida pone en riesgo la seguridad local y desatiende las necesidades de los residentes. El Gobierno regional aún estudia la propuesta, en medio de un clima de tensión política y social.

Este debate se produce en un contexto donde la política migratoria y la gestión de menores no acompañados se han convertido en temas polémicos en varias comunidades autónomas. La administración asturiana, en particular, enfrenta críticas por su capacidad de tutela y atención a estos menores, además de los recursos destinados. La oposición y algunos sectores vecinales temen que la instalación pueda afectar la tranquilidad del barrio y la percepción pública sobre la protección social.

La propuesta ha generado un intenso debate en el ámbito político, donde se mezcla el compromiso con la protección de menores con las preocupaciones por la seguridad ciudadana y el uso de fondos públicos. Vox ha señalado que la prioridad debe ser atender las necesidades de los residentes asturianos, muchos de los cuales enfrentan dificultades económicas y sociales. La administración regional mantiene que la ubicación se evalúa con criterios de seguridad y bienestar.

Desde el Ejecutivo autonómico, se ha recordado que Asturias cuenta con un sistema de protección y tutela para menores en funcionamiento, aunque algunos critican que las instalaciones actuales presentan deficiencias. La situación de algunos menores tutelados, incluyendo casos de vulneración, ha puesto en entredicho la gestión regional. La decisión final sobre el centro aún está en estudio, con posibles alternativas en evaluación.

El debate refleja un escenario en el que la política migratoria y social en Asturias se encuentra bajo escrutinio. La futura resolución del Gobierno regional puede marcar un precedente en la gestión de menores no acompañados en comunidades con recursos limitados. La tensión entre protección social y seguridad pública será uno de los focos del debate político en los próximos meses.