Según un reciente informe de WWF, solo Cataluña estaría adecuadamente enfocada en la conservación del lobo, mientras que comunidades como Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha presentan las políticas más deficientes en este ámbito, obteniendo una valoración claramente negativa en su gestión.

El documento, titulado ‘¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo’, fue divulgado recientemente y subraya que varias otras autonomías, incluyendo Castilla y León, Asturias y Madrid, requieren una mejora significativa en sus estrategias de conservación del lobo.

En dicho análisis, se concluye que, a excepción de Cataluña, las políticas de conservación en otras comunidades autónomas están en una situación crítica, lo que genera dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas.

El director del Departamento de Conservación de WWF, Luis Suárez, ha declarado que continuar con la caza del lobo no soluciona los conflictos existentes, sino que los agrava. En su opinión, la solución radica más en mitigar los daños causados por los lobos que en reducir su población.

El informe evalúa las políticas autonómicas basadas en criterios como la prevención de daños, la compensación económica y la participación de los afectados. A pesar de algunos progresos en esta última área, Suárez advierte que estos avances son insuficientes y que solo Cataluña está efectivamente proveyendo un enfoque constructivo hacia la conservación del lobo.

Pese a los problemas, Suárez resalta que la financiación destinada a compensar los daños ha alcanzado cifras récord, aunque la implementación y el uso responsable de esos recursos siguen siendo temas de preocupación. Urge a una inversión más efectiva y a una mayor transparencia para garantizar resultados tangibles en la convivencia entre lobos y ganaderos.

Otro punto crítico mencionado en el informe es la falta de apoyo público para medidas preventivas, tales como el uso de perros guardianes o vallas, que pueden eliminar prácticamente el riesgo de ataques al ganado por parte de lobos. Además, se resalta que ni las comunidades afectadas ni el Ministerio de Transición Ecológica han cumplido con informar adecuadamente sobre la utilización de fondos públicos destinados a la protección del lobo.

Suárez también menciona que, pese a algunas afirmaciones en contrario, no ha habido un incremento desmedido de la población de lobos, sugiriendo que es erróneo pensar que su número ha crecido de manera significativa. Este argumento busca desmantelar lo que él considera un mito sobre la abundancia de lobos en el país.

Para la preservación del lobo ibérico, WWF insta al Gobierno a establecer criterios comunes sobre daños al ganado y a garantizar la correcta transferencia y uso de fondos hacia las comunidades autónomas. Además, solicita el establecimiento de una mesa nacional del lobo y una colaboración más efectiva con el Ministerio de Agricultura para maximizar las sinergias en la gestión de estos animales.

Entre las recomendaciones, se incluye la mejora en la financiación de medidas preventivas, la creación de mesas de diálogo con todas las partes interesadas y la intensificación de la lucha contra el furtivismo, demandando acciones firmes en la persecución de estas prácticas ilegales.

Finalmente, WWF hace un llamado a la colaboración entre las distintas administraciones para asegurar que los ganaderos cuenten con el soporte necesario y se garantice la recuperación del lobo como un elemento clave en el ecosistema español. En palabras de Suárez, es vital que se establezca un cambio de rumbo, ofreciendo respuestas efectivas y respaldando a la ganadería extensiva en su coexistencia con el lobo.