Las autonomías de Asturias, Galicia y Castilla y León han formado un frente común para luchar contra lo que consideran una extensión "injusta e ilegal" de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-66. Esta alianza fue anunciada por el presidente asturiano, Adrián Barbón, durante una reciente rueda de prensa en Sariego, donde reafirmó el compromiso de estas regiones por la eliminación de estos gravámenes.

Barbón destacó que hay un flujo de comunicación constante entre las administraciones involucradas. El mandatario asturiano recordó que la Comisión Europea ha determinado que la prolongación de estos peajes no se ajusta a la legalidad, siendo una decisión que se tomó hace 25 años bajo el mandato de José María Aznar. Este contexto histórico aporta peso a sus argumentos en la lucha contra los peajes.

El presidente resaltó la necesidad de fomentar una "unidad interna" que trascienda las diferencias políticas y abarque a sindicatos, empresarios y la sociedad civil, enfatizando que todos comparten el mismo objetivo. Para ello, anunció una movilización programada para el 17 de octubre en la plaza de La Escandalera en Oviedo, invitando a la ciudadanía a sumarse a esta causa.

A pesar de las variaciones ideológicas entre las administraciones, Barbón subrayó que la lucha contra la prórroga de los peajes está uniendo a los gobiernos, incluso aquellos del Partido Popular en territorios vecinos. "Nos une el objetivo de eliminar esta carga", afirmó, insistiendo en la necesidad de actuar de manera coordinada.

El presidente asturiano también hizo una distinción entre los peajes, subrayando la similitud entre el peaje interior de Galicia y el peaje de Huerna que conecta Asturias y León, describiéndolos como "prácticamente mellizos" en su contexto y situación.

En julio, la Comisión Europea tomó la iniciativa de instar a España a cumplir con las normativas de la UE referentes a la contratación pública a través de un dictamen motivado en el marco de un procedimiento de infracción. Este dictamen subrayaba la falta de transparencia en las concesiones de los peajes, que se extendieron a veinticinco y veintinueve años, respectivamente.

Las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, que fueron prorrogadas sin el debido proceso de licitación ni anuncios públicos, han sido criticadas por violar los principios de igualdad y transparencia establecidos por la normativa europea. Este hecho ha llevado a la Comisión a considerar dichas ampliaciones como cambios no permitidos que requerían procedimientos de licitación adecuados.

Luego de recibir el dictamen, el Gobierno español tuvo un plazo de dos meses para responder y tomar las medidas pertinentes. Sin embargo, el ministerio de Transportes optó por alegar y así los peajes permanecen activos. En Asturias, la controversia en torno al cobro actual de 15,6 euros por uso en el Huerna sigue generando un rechazo considerable entre los ciudadanos.