Asturias Ganadera exige controles inmediatos del lobo ante aumento de daños

La organización Asturias Ganadera ha solicitado controles urgentes y recurrentes sobre la presencia del lobo en Asturias, tras el anuncio del Gobierno de abatir 67 ejemplares en la región. La propuesta se centra en gestionar la coexistencia entre la actividad ganadera y la presencia del depredador, en lugar de limitarse a reducir el número de ejemplares abatidos.

El contexto político actual muestra una creciente tensión entre las políticas de protección del lobo, que consideran su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), y las demandas del sector ganadero, que denuncia daños crecientes en su actividad. La medida del Gobierno busca reducir los ataques en zonas donde se registran muertes recurrentes, pero las organizaciones del sector reclaman un enfoque más integral.

Las implicaciones de la gestión actual apuntan a que los controles deben ser inmediatos y específicos en áreas afectadas, para evitar que el depredador asiente en zonas críticas como Cuera o El Sueve. La propuesta de Asturias Ganadera contempla además la declaración de zonas libres de lobo y la participación activa de actores locales en los controles, con el objetivo de reducir los daños a largo plazo.

Desde la perspectiva política, la situación refleja el reto que enfrenta el Gobierno en equilibrar la protección del medio ambiente con la sostenibilidad de la actividad ganadera. La regulación actual, que prioriza la protección del lobo, limita las acciones de control y genera tensiones en los territorios rurales. La discusión se enmarca en el debate sobre la gestión de especies protegidas y el impacto en la economía rural.

De cara al futuro, la aplicación de criterios cualitativos en la gestión del lobo podría determinar el número de ejemplares abatidos anualmente, adaptándose a las necesidades de cada zona. La participación de actores locales y la definición de áreas libres de depredador serán clave en la estrategia de coexistencia. La resolución del Gobierno deberá equilibrar protección ambiental con la viabilidad de la actividad ganadera en Asturias.