Asturias invertirá 800.000 euros en una sala de grandes catástrofes en Oviedo

El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 800.000 euros para la creación de una sala de grandes catástrofes en el Instituto de Medicina Legal de Oviedo. Las obras, que comenzarán a finales de año y se esperan concluyan en 2027, buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias con múltiples víctimas.

Este equipamiento se enmarca en un contexto de modernización y sostenibilidad del sistema judicial y forense en la región. La infraestructura permitirá una planificación más eficiente en situaciones de crisis, reforzando la coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencias y servicios forenses.

La iniciativa responde a la necesidad de adaptar las instalaciones a los retos actuales en la gestión de grandes emergencias. La inversión forma parte del Plan de Infraestructuras Judiciales, que contempla cerca de 80 millones de euros en mejoras en toda Asturias hasta 2034. Además, se incluyen proyectos ya en marcha, como la reforma de juzgados en Langreo y futuras sedes en Pravia, Lena y Grado.

El consejero de Justicia, Guillermo Peláez, destacó que estas mejoras también contribuirán a la eficiencia energética y sostenibilidad del edificio, además de reforzar las unidades forenses y psicosociales. Estas unidades desempeñan un papel clave en la atención a víctimas y en la investigación judicial, especialmente en casos de violencia y emergencias masivas.

Desde una perspectiva política, la inversión refleja el compromiso del Gobierno autonómico con la modernización del sistema judicial y la mejora de la respuesta ante emergencias. La creación de la sala de catástrofes responde a un interés político de fortalecer la infraestructura pública y la capacidad de gestión de crisis en la región.

De cara al futuro, esta infraestructura potenciará la preparación de Asturias ante escenarios de crisis, alineándose con las políticas nacionales de seguridad y emergencias. La adecuación de las instalaciones también busca responder a una creciente demanda de recursos especializados en la gestión de grandes eventos catastróficos en un contexto de cambios climáticos y riesgos emergentes.