Asturias registra un descenso del 5,4% en víctimas de violencia de género en 2025, totalizando 3.075 casos

En 2025, el número de mujeres víctimas de violencia de género en Asturias disminuyó un 5,4% respecto al año anterior, alcanzando las 3.075 víctimas, según los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De estas, 2.034 eran españolas y 1.041 de nacionalidad extranjera, con un aumento alarmante del 560% en menores de edad, pasando de 5 en 2024 a 33 en 2025.

Este descenso en las cifras regionales se inscribe en un contexto nacional donde la cifra total de víctimas en España se sitúa en 185.188, un ligero incremento del 0,7%. La gestión judicial y los mecanismos de protección continúan siendo prioritarios en un escenario donde las denuncias presentadas aumentaron un 2,64%, alcanzando las 204.342 en todo el país durante 2025. La tendencia refleja tanto avances en la denuncia como persistentes desafíos en la protección efectiva de las víctimas.

El análisis político y social en Asturias, en un escenario de debates sobre la financiación y la coordinación de las políticas públicas, revela que las instituciones aún enfrentan dificultades para generar confianza entre las víctimas. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, resaltó la importancia de involucrar a la comunidad y al entorno familiar para denunciar, dado que muchas víctimas permanecen en silencio por dependencia emocional o económica del agresor, con frecuencia el padre de sus hijos.

En el ámbito judicial, las órdenes de protección y las medidas penales continúan siendo herramientas fundamentales. En 2025, se dictaron más de 32.800 órdenes de protección, aunque representaron una ligera disminución respecto a años anteriores. La mayoría de las sentencias dictadas en los procesos judiciales de violencia de género fueron condenatorias, con tasas superiores al 90%, reflejando una tendencia firme en la aplicación de la ley.

El incremento en la actividad judicial y en las demandas civiles, como divorcios y medidas de guarda, evidencia la complejidad del fenómeno, que trasciende la mera violencia física para abarcar aspectos familiares y sociales. La atención a menores enjuiciados por delitos asociados también es un indicador de la gravedad y el impacto de la violencia machista en diferentes ámbitos.

En un contexto más amplio, la situación en Asturias se inscribe en la discusión nacional sobre la efectividad de las políticas públicas, la necesidad de reforzar los recursos de protección y la lucha contra la impunidad. La tendencia a la baja en víctimas y la persistencia de cifras elevadas en ciertos indicadores muestran que, aunque se han logrado avances, la violencia estructural contra la mujer requiere una respuesta coordinada y sostenida en el tiempo, en un escenario donde las políticas de igualdad y protección continúan siendo un objetivo prioritario del Gobierno y las instituciones autonómicas.