En Oviedo, el 16 de diciembre, se ha dado a conocer una iniciativa que promete modernizar el paisaje urbano de Langreo. La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado, junto con el Ayuntamiento de Langreo, han anunciado un borrador de convenio que pretende facilitar la construcción de 110 viviendas de carácter público en el área conocida como El Puente.

Durante una rueda de prensa, el consejero Ovidio Zapico y el alcalde Roberto García, acompañados por destacados miembros de sus respectivos equipos, como el director general de Ordenación de Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, expusieron los detalles de este innovador proyecto. La propuesta busca no solo atender la creciente demanda de viviendas en la región, sino también revitalizar una zona que ha estado en el olvido durante años.

Zapico detalló que esta ambiciosa intervención incluirá un proceso de expropiaciones que se materializará tras la formalización del convenio con el consistorio langreano. Para este propósito, el Gobierno ha destinado 3,7 millones de euros en los presupuestos de 2026, además de una suma adicional de 250.000 euros para cubrir trabajos complementarios vinculados a la urbanización del área. Cabe señalar que, anteriormente, ya se habían asignado 8 millones de euros para la edificación de 60 viviendas asequibles para los jóvenes en el centro de Langreo. Así, la inversión total de la Consejería en el municipio alcanzará cerca de 12 millones de euros.

El consejero enfatizó que la intervención en El Puente tiene un objetivo dual: satisfacer las necesidades habitacionales y realizar la imperante regeneración urbanística. "Nos proponemos lograr dos metas: proporcionar viviendas y atender el aspecto urbanístico", afirmó Zapico.

Ambas administraciones han convenido en la formalización de un acuerdo que establecerá cómo deberán cooperar institucionalmente en la planificación y ejecución de esta importante reforma urbana en un terreno de 14.650 metros cuadrados, ya clasificado como suelo urbano. Este convenio marcará el inicio de un proceso que podría traer un cambio significativo a la comunidad.

El plan contempla, además, la declaración de esta área como un proyecto urbanístico concertado. Esta declaración podría llevarse a cabo de manera simultánea o posterior a su conversión en reserva regional de suelo, facilitando así una intervención pública integral mediante un plan especial y la expropiación de terrenos necesaria.

Por último, el convenio establece líneas temporales claras para la ejecución del proyecto: el Gobierno regional comenzará a elaborar el plan especial en un plazo que no excederá los seis meses tras la firma del acuerdo, mientras que el Ayuntamiento se compromete a iniciar la tramitación de la urbanización en un máximo de tres meses desde que se presente el proyecto.