OVIEDO, 18 de noviembre. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, respondió el martes a las acusaciones del Partido Popular (PP) sobre la gestión del Principado tras el accidente en la mina de Cerredo en 2022. Sánchez afirmó que su departamento posee "toda la información" respecto a las acciones emprendidas después de que el único sobreviviente del incidente, Enrique Ramón Martínez, proporcionara su versión a la Dirección General de Minas.

La intervención de Sánchez se produjo en un contexto donde Rafael Alonso, diputado del PP, había vuelto a plantear la cuestión tras una reciente entrevista con el mencionado trabajador, la cual fue publicada el pasado domingo en el diario La Nueva España. Esta intervención ha reavivado el debate sobre las responsabilidades asumidas por el gobierno regional en un suceso que dejó a un trabajador muerto y a otro gravemente herido.

Sánchez detalló que, tras el trágico evento, se iniciaron dos expedientes sancionadores en contra de la empresa combustibles Asturiana y Leonesa Combayl. El primero de dichos expedientes se activó por violaciones en la seguridad minera, mientras que el segundo se relaciona con la realización de trabajos no autorizados en el interior del piso sexto de la mina de Cerredo.

El consejero también indicó que se realizaron declaraciones a testigos y trabajadores, incluido Enrique Ramón Martínez, en el marco de la investigación. "Me parece sorprendente que hagan esta pregunta, pues ustedes cuentan con toda la documentación que se les envió para la Comisión de Investigación Parlamentaria. Por lo tanto, conocen cómo se actuó desde la Administración al recibir estas declaraciones", afirmó Sánchez.

Por su parte, el PP, representado por Rafael Alonso, no dudó en criticar al Gobierno, acusándolo de tener "conocimiento completo" de lo sucedido durante el accidente de agosto de 2022. Según Alonso, el Ejecutivo no solo estaba al tanto, sino que procedió a otorgar una autorización inmediata a la empresa para continuar sus operaciones, lo que, según él, evidencia complicidad del gobierno de Barbón.

Alonso también denunció la aparente inacción del Ejecutivo, sugiriendo que esta pasividad resultó en pérdidas de vidas y una vergüenza colectiva. "El sacrificio de una vida y el testimonio de un sobreviviente han sido cruciales para que esta situación se exponga. Lo más doloroso es que se podía haber evitado, ya que todos estaban al tanto de la situación", concluyó el diputado del PP.