OVIEDO, 20 de junio. – La Junta General ha dado un paso significativo en la investigación del trágico accidente en la mina de Cerredo al aprobar la comparecencia de 92 testigos de un total de 97 solicitados por los Grupos Parlamentarios. Esta decisión, sin embargo, se ha visto empañada por la negativa de la izquierda a incluir a figuras clave como el presidente del Principado, Adrián Barbón, y otros consejeros importantes, lo que ha suscitado críticas por falta de transparencia.

Covadonga Tomé, presidenta de la comisión, expresó que el ánimo durante la sesión fue constructivo y comentó que varias solicitudes fueron aplazadas debido a errores formales. Estos incluyeron la falta de información personal de algunos comparecientes y la falta de justificación en su relación con el caso. No obstante, Tomé aseguró que no se vetará a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre los comparecientes aprobados se encuentra la actual ministra Sara Aagesen, quien previamente presidió el Instituto de Transición Justa, así como otras figuras del ámbito industrial como Belarmina Díaz y Enrique Fernández, junto con empresarios del sector minero, incluyendo a Victorino Alonso, proveniente de León.

Desde el Partido Socialista, Jacinto Braña explicó las razones detrás de la exclusión de algunos testimonios, argumentando que carecían de una conexión directa con los eventos que se están investigando. Al referirse a la ministra Ribera, Braña comentó que la intención es concentrarse en las comparecencias que realmente aporten al trabajo de la comisión.

Uno de los debates más álgidos giró en torno a la comparecencia del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella. Diputados de la oposición criticaron esta decisión, señalando que no tiene una relación clara con el accidente. Rafael Alonso, del PP, acusó a la izquierda de silenciar voces disidentes para proteger al presidente Barbón y de permitir la inclusión de testigos de derecha sin justificación adecuada.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, se unió a las críticas señalando que la presidenta de la comisión ha mostrado una falta de consistencia al permitir algunos testimonios y vetar otros, como los de los consejeros involucrados en áreas de emergencias y gestión de montes.

Delia Campomanes, de Convocatoria por Asturias, defendió la decisión de la comisión resaltando el consenso general y la elección de comparecientes con información clave sobre las ayudas estatales, a pesar de las acusaciones de intento de desprestigio político hacia sus decisiones.

Desde Foro, Adrián Pumares cuestionó las razones detrás de la selección de ciertos comparecientes, sugiriendo que la política ha influido en la elección al proteger a figuras del Gobierno como Barbón y Calvo. Aunque no tiene voz en la toma de decisiones, Pumares optó por no oponerse a las solicitudes, pero manifestó su preocupación por el interés partidista que parece prevalecer.

La comisión se reunirá nuevamente la próxima semana para revisar las solicitudes que no fueron aprobadas, a medida que se acerca la fecha límite para corregir los errores formales en las peticiones restantes.