OVIEDO, 4 de noviembre. En un hecho que ha levantado ámpulas en el ámbito político asturiano, se ha dado a conocer que la prima del seguro de daños materiales que se contratará por parte del Consorcio Público de Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa) ascenderá a aproximadamente un millón de euros a partir del próximo año. Esta cifra ha sido confirmada por Paz Orviz, gerente del consorcio, durante su comparecencia en una comisión parlamentaria el pasado lunes.

En el transcurso de esta comisión, el diputado de Vox Gonzalo Centeno, junto al secretario general del Grupo Mixto, Adrián Pumares, solicitaron la presencia de Orviz para que informara sobre la actual situación económica y financiera de Cogersa, así como para que explicara las políticas en torno a la contratación de seguros. Previamente, se presentó la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno asturiano, y presidenta de Cogersa, Nieves Roqueñí, quien ofreció detalles sobre los seguros relacionados con las instalaciones del consorcio.

El escándalo comenzó a trascender a inicios de octubre, cuando se reveló que la planta de tratamiento de fracción resto de Cogersa, encendida en abril, carecía de seguro contra daños. Nieves Roqueñí justificó esta falta alegando que no se había completado el proceso de recepción de la planta. Sin embargo, posteriormente se supo que ninguna de las instalaciones del consorcio contaba con dicho seguro, lo que ha suscitado críticas feroces por parte de la oposición. En un intento de asumir responsabilidad, Paz Orviz ofreció su dimisión al consejo de administración de Cogersa, aunque finalmente fue ratificada en su puesto.

Desde el 1 de abril de 2022, Cogersa no cuenta con un seguro de daños materiales, el cual había sido contratado previamente con la compañía Mapfre. Según las declaraciones de las autoridades del consorcio, la falta de información por parte de la directora de Organización del consorcio ha causado una "quiebra de confianza" en la gestión interna.

La situación se complicó aún más el 3 de octubre de 2022, cuando se produjo un incendio en una de las naves de Cogersa. En ese momento, Orviz se dirigió a la directora de Organización, quien le confirmó que la nave no estaba asegurada contra incendios. Este incidente motivó a Orviz a buscar de inmediato soluciones para la contratación de un seguro que cubriese las instalaciones del consorcio. Sin embargo, ha explicado que hasta ahora ha sido imposible encontrar una compañía dispuesta a otorgar dicho seguro, por lo que la meta es que pueda estar en vigor durante el año 2025.

El costo del nuevo seguro es de alrededor de un millón de euros, aunque no incluirá a la planta que sufrió el incendio en abril. Roqueñí subrayó que la futura licitación del seguro de daños materiales no abarcará esa instalación en particular.

Roqueñí ha explicado en diversas ocasiones que la inclusión de cualquier instalación y su equipamiento en el patrimonio del consorcio se lleva a cabo una vez que se completa la recepción de la obra o suministro correspondiente. En el caso de la planta en cuestión, ha indicado que no se han completado todas las fases previstas en el contrato firmado con la empresa Valtalia, que incluyen el diseño, construcción y puesta en marcha.

En su intervención, recordó que el incendio ocurrido el 24 de abril de 2024 se produjo apenas cuatro meses después de que comenzara la fase de puesta en servicio de la planta, lo que significa que, al finalizar las obras de reparación en un año, aún quedarán cinco meses de puesta en marcha antes de que se cierre el contrato y se reciba oficialmente por parte de Cogersa.

A pesar de asumir que ha habido errores, la consejera Roqueñí ha afirmado que esto permitirá avanzar hacia los objetivos generales del consorcio, tales como el desarrollo de la Estrategia de Economía Circular, un aumento en las tasas de reciclaje, la valorización de residuos y el cierre del ciclo de recursos en nuestra región.

No obstante, la respuesta de los grupos de la oposición ha sido contundente y crítica, demandando responsabilidades políticas. Han exigido la dimisión o el cese de Roqueñí, acusándola de ocultar información y de mala gestión, lo que ha dejado un sabor amargo en el ambiente político asturiano, con las formaciones del PP, Vox y el diputado del Grupo Mixto, Adrian Pumares, a la cabeza de las acusaciones.