En medio de un intenso debate sobre la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano, la Junta General del Principado ha sido escenario de nuevas comparecencias que abordan las implicaciones demográficas y culturales de esta cuestión. El Parlamento asturiano ha sido testigo de múltiples voces que claman por un enfoque responsable por parte del Partido Popular, sugiriendo que su decisión podría determinar la supervivencia o extinción de estas lenguas regionales.

El representante de Educación de CSIF en Asturias, Jorge Caro, ha expresado su firme oposición a que el asturiano se convierta en un requisito para acceder al empleo público. Caro argumenta que todos los ciudadanos deben tener igual oportunidad en el acceso a estos puestos, basando su postura en principios de igualdad y mérito que considera fundamentales, incluso mencionando que tales exigencias podrían contradecir la esencia de la Constitución Española.

Además, Caro ha abordado las implicaciones económicas de la oficialidad, indicando que la contratación de maestros de asturiano para educación infantil podría generar un costo de más de 5 millones de euros en el presente curso. Si se extrapolan estos gastos a todos los centros educativos, la cifra podría superar los 20 millones, y sumando otros factores, se estima que la inversión necesaria asciende a más de 150 millones de euros en total. Ante tales cifras, Caro plantea preocupantes interrogantes sobre la viabilidad de financiar estos proyectos en contraste con otras necesidades laborales esenciales para los empleados públicos.

En el ámbito cultural, varios ponentes se han manifestado a favor de la oficialidad como un medio para preservar y asegurar el futuro del asturiano y del gallego-asturiano. El artista plástico David Martínez Suárez resaltó la importancia del idioma no solo en términos económicos, sino también como un símbolo de identidad cultural que hace que la lengua sea rica en matices y significados.

En un sentido similar, el organizador cultural Lisárdo Lombardía ha defendido la integración del asturiano en la esfera pública como vital para su supervivencia, advirtiendo que de no hacerlo, se condenaría a la lengua a un lento pero seguro olvido. Lombardía también sugiere que la oficialidad podría abrir puertas a un impacto económico positivo, argumentando que la cultura y la economía son interdependientes y que el reconocimiento oficial promueve la diversidad y el respeto por esta.

El músico y productor Xune Elipe recordó que, a pesar de haber transcurrido más de cuatro décadas desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, el debate sobre la oficialidad persiste. Resaltó el carácter dual de la oficialidad, una que defiende el derecho individual de expresión y otra que se relaciona con el tipo de sociedad que se desea construir, enfatizando que su postura se basa en la libertad de elección lingüística, mientras que sus críticos carecen de este principio vigente.

El enfermero y recopilador de tradiciones orales, Xosé Ambás, también participó, compartiendo su experiencia de documentar el patrimonio oral asturiano. Defendió que la sensibilidad hacia este patrimonio no se puede comprender sino en su propio contexto lingüístico y rebatió el argumento de que la diversidad dialectal sería un obstáculo para la oficialidad, considerándolo una excusa infundada que ignora que todas las lenguas poseen variantes.

Finalmente, el presidente de la asociación cultural Xeira, Francisco Javier González Menéndez, dirigió su intervención hacia el Partido Popular, subrayando que la responsabilidad de la preservación o extinción de las lenguas no oficiales recae en ellos. González Menéndez ha manifestado su preocupación por el lento pero constante deterioro de esta riqueza cultural a lo largo de 44 años, pidiendo un marco legal que fomente el uso del asturiano y del gallego-asturiano en la vida cotidiana.