En una reciente iniciativa que despierta controvertida discusión, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha lanzado desde Gijón un ambicioso proyecto que busca implementar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La ministra ha calificado esta propuesta como un “avance sin precedentes” y un claro “proyecto de país” que no solo busca beneficiar a los trabajadores, sino también fortalecer a la nación en su conjunto.

Díaz ha subrayado que la resistencia que enfrenta esta propuesta proviene no solo de la patronal y de grupos económicos, sino que también refleja un esfuerzo por desafiar una visión que ella sostiene debe dar esperanza y fuerza a la ciudadanía. En sus propias palabras, hay que romper con un contexto global marcado por tensiones y líderes como Donald Trump o Javier Milei, quienes, según ella, buscan poner al mundo "en jaque".

El evento, arropado con el leimotiv 'Trabayar menos, vivir meyor', reunió a varias figuras políticas que apoyan esta medida. Entre ellos se encontraban Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio, y representantes de sindicatos como UGT y CCOO, quienes compartieron el escenario en el Centro Municipal de El Coto.

Durante su discurso, Díaz no ocultó su orgullo por los logros alcanzados hasta el momento, asegurando que están decididos a ganar esta batalla, tal como lo hicieron anteriormente con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En una crítica directa, cuestionó si realmente se puede vivir con dignidad en un país donde el salario medio es de 1.599 euros al mes.

Además, la ministra hizo hincapié en las cifras que revelan que en España se llevan a cabo tres millones de horas extra no remuneradas cada semana, advirtiendo que esto solo contribuye a una sociedad exhausta y poco sostenible. En este sentido, han propuesto modificar el registro horario para que sea digital e interoperativo, facilitando así el trabajo de la Inspección laboral.

Frente a las preocupaciones expresadas por algunos críticos sobre ciberseguridad y aumento del absentismo, Díaz refutó esos argumentos, asegurando que garantizará el derecho a la desconexión. A partir de ahora, una vez finalizada la jornada laboral, los trabajadores no estarán obligados a responder a comunicaciones laborales.

La ministra aclaró que las sanciones por incumplimiento de la jornada serán individualizadas, lo que significa que no habrá una penalización económica colectiva. Su objetivo, según manifestó, es repartir la riqueza, el tiempo y los beneficios, aportando un rayo de esperanza a los trabajadores españoles.

Díaz enfatizó que esta iniciativa no es una medida más, sino un paso sustancial que aboga por el cambio. Exhortó a los presentes a unirse en defensa de esta propuesta ante lo que considera ‘adversarios’ en el ámbito político y empresarial, poniendo de relieve el rechazo inicial del Partido Popular a medidas similares en el pasado.

Por otro lado, el consejero Zapico hizo eco de la necesidad de un pacto social para abordar la crisis de la vivienda, un tema relevante que no pasó desapercibido en el acto, al señalar que el acceso a la vivienda digna es un reto persistente. A su juicio, la reducción de la jornada laboral es solo un paso hacia un cambio significativo, indicando que, a pesar de los buenos datos económicos, la narrativa impulsada por la derecha busca desplazar la realidad y difundir un mensaje negativo sobre el estado del país.

Xabel Vegas, portavoz parlamentario de Sumar Asturias, también ofreció su respaldo a la reducción de jornada, describiéndola como una propuesta “histórica” y anunciando que se trabaja en objetivos aún más ambiciosos, como una jornada laboral de 32 horas semanales. A este respecto, agradeció a Díaz por su resistencia ante la presión ejercida por los empresarios.

Por su parte, Javier Fernández Lanero, de UGT Asturias, catalogó la disminución de la jornada laboral como una “necesidad de primera orden”, sugiriendo que está ligada a los valores de justicia y equidad. También advirtió sobre las tendencias regresivas que amenazan los derechos sociales y laborales, citando a Donald Trump como una figura emblemática de esta reacción significativa.

Finalmente, Esther Barbón de CCOO Asturias, coincidió en que la actual buena situación económica propicia la reducción de la jornada laboral y remarcó que lucharán enérgicamente para que esto se haga realidad. Enfatizó que esta lucha es por una cuestión de justicia, criticando al mismo tiempo las narrativas de miedo que algunos líderes empresariales han promovido en relación con la reducción de horas laborales.

En conclusión, esta propuesta de reducción de la jornada laboral continúa generando un debate ferviente en España, y sus defensores aseguran que puede transformar la vida de miles de trabajadores, mientras que opositores y escépticos ya se preparan para frenar lo que consideran un experimento arriesgado. La batalla por los derechos laborales y la calidad de vida de los ciudadanos está más viva que nunca, y las tensiones políticas están destinadas a seguir en aumento.