Dimiten la directora de Sograndio tras fuga masiva y refuerzan la seguridad

La directora del Centro de Menores de Sograndio, Aída Rodrigo, ha presentado su dimisión tras incidentes recientes que implicaron la fuga de ocho internos y lesiones a varios trabajadores. El Gobierno autonómico ha anunciado medidas inmediatas, incluyendo el refuerzo de las vallas, la construcción de nuevas habitaciones de aislamiento y la contratación de vigilantes adicionales. La situación refleja un cambio en el perfil de los internos, con un aumento de internos mayores de edad y perfiles penitenciarios, lo que ha obligado a reevaluar la infraestructura y la gestión del centro. Los altercados se produjeron en un contexto de creciente tensión, en el que los internos aprovecharon momentos de menor vigilancia para escaparse. El incidente más grave ocurrió durante el patio, cuando tres internos lograron huir. La fuga fue facilitada por la distracción de los vigilantes, uno de los cuales resultó herido al intentar evitar la huida, siendo atendido en el Hospital Universitario Central de Asturias. Este cambio en la composición del centro responde a una tendencia más amplia en la gestión de menores infractores, en la que se combinan perfiles diversos que dificultan la labor socioeducativa. La Administración autonómica ha reconocido que las instalaciones y el personal no estaban preparados para gestionar estos perfiles, lo que justifica la construcción de un nuevo centro con mayor segmentación y medidas de seguridad específicas. Desde una perspectiva política, la situación revela las dificultades en la adaptación de la política social y penitenciaria en Asturias, que enfrenta la tensión entre la reinserción y la control. La gestión del centro, ahora en manos de una dirección interina, buscará estabilizar la situación y garantizar la seguridad, en un contexto de debate sobre la eficacia de las infraestructuras y recursos destinados a menores y mayores de edad. En el largo plazo, la medida de construir un nuevo centro refleja una apuesta por modernizar y adaptar la infraestructura a las necesidades actuales, en línea con las políticas de seguridad y reinserción. La atención a perfiles penitenciarios en el sistema de menores plantea también un reto en la coordinación entre diferentes órganos y niveles administrativos, con posibles implicaciones en la normativa y recursos disponibles para estos fines. La evolución de estos centros será un indicador del compromiso del gobierno autonómico con una gestión segura y eficaz de la juventud infractora.