OVIEDO, 30 de diciembre. La reciente publicación del texto definitivo de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) del Principado de Asturias ha generado una fuerte controversia, especialmente entre los sectores ecologistas de la región. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha emitido una valoración sumamente negativa de esta normativa, calificándola como un verdadero “coladero ambiental”.

Este colectivo sostiene que la Ley de PIER representa un grave atentado contra el modelo de planificación territorial y urbanística que ha prevalecido en Asturias durante las últimas cuatro décadas de autonomía. Según ellos, este modelo se ha basado en una ordenación meticulosa y racional de los usos del suelo, a través de planes diseñados a nivel municipal y supramunicipal, que han permitido, en líneas generales, la conservación de los valiosos recursos naturales y ambientales, al mismo tiempo que se compatibilizaban con los usos económicos del territorio.

Los ecologistas argumentan que la nueva ley socava la coherencia de este sistema normativo al ceder al Consejo de Gobierno la autoridad para autorizar obras y usos que están expresamente prohibidos no solo en los planes generales de urbanismo de los municipios, sino que también contravienen la voluntad democrática de los Ayuntamientos. Además, afirman que se eluden las restricciones establecidas en los planes territoriales vigentes, los cuales han sido aprobados por el propio Gobierno autonómico, incluyendo directrices sobre comercio, energía eólica y la gestión de espacios naturales protegidos.

Según explican, todo este proceso puede ejecutarse mediante un simple acto administrativo conocido como la declaración de PIER, el cual se impone a las regulaciones estipuladas por las normas jurídicas de planeamiento. Cabe recordar que, hasta este momento, esta excepcionalidad solo se aplicaba en el ámbito del Derecho urbanístico español para grandes obras públicas, justificándose por razones de interés público extraordinario o urgencia ineludible.

Sin embargo, con la nueva Ley de PIER, esta excepcionalidad se extiende también a proyectos promovidos por el sector privado que podrían ir en contra de la planificación urbanística y territorial que ha sido aprobada democráticamente y con la necesaria participación ciudadana. Esto, advierten los ecologistas, abre la puerta a una discrecionalidad administrativa sin precedentes y a decisiones influidas por poderosos grupos de intereses, que podrían chocar directamente con los intereses generales de la población asturiana.

“En otras palabras, se está facilitando un urbanismo a medida, donde las obras y usos que estarían prohibidos por motivos de racionalidad territorial y de protección medioambiental, paisajística o de conservación de los recursos naturales, pueden imponerse bajo el influjo de influyentes lobbies,” lamentan desde la Coordinadora Ecologista, insistiendo en que esta tendencia podría tener consecuencias nefastas para el futuro de Asturias.