El aumento de alquileres en Oviedo por llegada de universidades privadas

La entrada de la Universidad Alfonso X (UAX) en Oviedo ha disparado los precios de alquiler en la ciudad, alcanzando incluso los 1.000 euros por habitación. La proliferación de alquileres temporales y por habitaciones refleja un incremento en la demanda motivado por la presencia de esta institución privada.

Este fenómeno se produce en un contexto donde la regulación del mercado inmobiliario en Asturias es limitada, y la llegada de centros adscritos a universidades foráneas ha generado controversia. La diputada Covadonga Tomé denuncia que fondos de inversión y particulares están utilizando este modelo para esquivar leyes que regulan el alquiler vacacional y la vivienda habitual.

La situación tiene implicaciones directas en el mercado residencial, con un aumento en la precarización del acceso a la vivienda y una posible desestabilización de los precios en el mercado de alquiler tradicional. La falta de regulación específica favorece prácticas que perjudican a los inquilinos, quienes ven mermada su protección legal.

Desde el ámbito político, la preocupación se centra en la necesidad de reforzar la Universidad de Oviedo y ampliar su oferta pública, en lugar de fomentar la competencia de centros privados que operan en un marco legal ambiguo. La presencia de grados en Medicina y Enfermería en la privada, ya disponibles en la pública, refuerza esta visión.

El debate también aborda el papel de los fondos de inversión, como Cinven, propietario de Idealista, que invierten en sectores considerados estratégicos. La tendencia apunta a una mayor liberalización del mercado, con riesgos en la protección social y en la estabilidad del acceso a servicios básicos como la vivienda y la educación.

De cara al futuro, la regulación del alquiler y la vigilancia de las actividades universitarias en la región serán clave para evitar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda y la educación pública. La postura política apunta a reforzar el marco normativo para equilibrar intereses económicos y derechos sociales.