El Gobierno asturiano denuncia que el peaje del Huerna es ilegal e injusto

El Gobierno de Asturias reafirma que el peaje en la AP-66, en el tramo del Huerna, es ilegal e injusto, tras las recientes polémicas y el rechazo de usuarios. La vicepresidenta Gimena Llamedo ha señalado que la tarifa, que supera los 16 euros, carece de base legal y afecta negativamente a los desplazamientos entre Asturias y León.

Este peaje fue instaurado en 2019 tras la concesión de la autopista a una empresa privada, en medio de un contexto político que buscaba modernizar infraestructuras y reducir el déficit en mantenimiento. Sin embargo, la medida ha sido objeto de controversia por su impacto en el tejido social y económico de la región.

La oposición política, junto con diversos sectores sociales, ha cuestionado la legalidad del cobro y ha pedido la retirada del peaje. El Gobierno asturiano argumenta que el estado actual de la vía y las obras en curso justifican una bonificación o, incluso, la eliminación del peaje, en línea con los intereses de los usuarios y la justicia social.

Este conflicto refleja las tensiones existentes en la política autonómica respecto a la gestión de infraestructuras y las concesiones públicas. La cuestión del peaje se ha convertido en un símbolo de las discrepancias sobre quién asume los costes de mantenimiento y cómo se financian estas vías estratégicas.

Mirando al futuro, la Xunta de Asturias espera que las autoridades nacionales revisen la legalidad del cobro y que se puedan establecer medidas de bonificación o exención en breve. La decisión tendrá repercusiones en la relación política entre las instituciones regionales y el Estado, además de afectar directamente a la movilidad y economía regional.

En un contexto más amplio, este caso ejemplifica la necesidad de revisar los modelos de financiación de infraestructuras en España, buscando un equilibrio entre inversión pública y privada, y garantizando la justicia en los costes para los usuarios.