OVIEDO, 3 de enero. El Gobierno de Asturias ha dado un paso significativo al aprobar el Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias. Esta normativa tiene como objetivo modernizar la legislación existente, que hasta ahora se remonta a 2002, y mejorar la defensa de los ciudadanos ante prácticas comerciales abusivas en el contexto digital.

En una reciente declaración, el director general de Consumo, Faustino Zapico, subrayó la urgencia de implementar este nuevo marco legal para hacer frente a los retos que plantea la digitalización y la evolución en los modos de adquirir bienes y servicios. Según sus palabras, "en estos 23 años, la manera en que los asturianos consumen ha cambiado de forma drástica, especialmente con el auge de las compras en línea".

Un aspecto fundamental de esta nueva legislación es la revisión del régimen sancionador, que hasta ahora obligaba a la administración regional a depender de normativas nacionales, las cuales contenían cifras de sanciones desactualizadas. Con la nueva ley, las multas se ajustarán para que las infracciones no sean rentables para los infractores. Se han establecido penalizaciones que van desde 150 hasta 10.000 euros para faltas leves, hasta un rango de 100.001 a 1.000.000 para las infracciones más severas.

Asimismo, el proyecto de ley introduce una medida excepcional que permitirá imponer sanciones aún mayores cuando las infracciones sean de tal magnitud que causen alteraciones sociales graves, representen riesgos para la salud o la seguridad, o afecten a un gran número de personas. En tales situaciones, la sanción podría sobrepasar el millón de euros y alcanzar entre seis y diez veces las ganancias ilícitas obtenidas por la empresa infractora.

Zapico mencionó que esta regulación es crucial para abordar problemas como las compras no deseadas y las agresivas tácticas comerciales que afectan a los consumidores. "Es una medida para erradicar esas prácticas no deseadas", afirmó.

El texto de la normativa también establece una figura específica para las personas consumidoras vulnerables, garantizando una protección adicional para aquellos que, debido a su edad, discapacidad, nivel de ingresos o brecha digital, se hallan en una posición desventajosa en el mercado.

Con este avance legislativo, el Gobierno asturiano se posiciona a la vanguardia en la defensa de los consumidores, ofreciendo soluciones integrales a problemáticas actuales como la obsolescencia programada, el control de plataformas digitales, y la necesidad de una información más clara y accesible antes de realizar contratos.