El 'impuesto del miedo' en la factura eléctrica, una carga oculta para los asturianos
La UCE denuncia un recargo oculto en la factura eléctrica que financia centrales de gas tras el apagón, con costes que superan los 55 millones anuales en Asturias.
La Unión de Consumidores de Asturias denuncia un recargo oculto en la factura eléctrica que, en promedio, cuesta 54 euros anuales a cada familia. Este recargo financia el mantenimiento de centrales de gas en modo de reserva tras el apagón de hace más de un año.
Este coste, estimado en más de 55 millones de euros al año en la región, se camufla bajo conceptos como 'ajustes del sistema', sin transparencia en los recibos. La UCE considera que ese dinero podría destinase a apoyar a 50.000 familias vulnerables durante tres años y critica los beneficios récord de las eléctricas en un contexto de costes adicionales para los consumidores.
Desde la organización, se señala que compañías como Repsol o Total Energies, con beneficios en alza, se benefician de un sistema en el que los usuarios asumen los riesgos empresariales. La acusación es que se trata de un rescate encubierto, con un coste que recae en los consumidores mientras las grandes eléctricas obtienen beneficios millonarios.
El contexto político revela una cierta pasividad del Gobierno, que no ha esclarecido aún quiénes son los responsables del apagón y de la crisis energética, pese a las promesas de transparencia y regulación. La regulación actual permite que estas cargas ocultas se sigan aplicando sin una fiscalización clara.
Por otro lado, la reciente aprobación del Real Decreto 88/2026 busca reforzar la protección de los consumidores, prohibiendo llamadas comerciales no solicitadas y fomentando la multicontratación. Sin embargo, la polémica sobre los costes ocultos en la factura eléctrica continúa poniendo en duda la transparencia del sistema energético español.
De cara al futuro, la demanda de mayor control y transparencia en las tarifas eléctricas se intensifica. La ciudadanía y los organismos de consumo exigen un compromiso real del Ejecutivo para esclarecer los costes y reducir la influencia del oligopolio en el sistema energético, que sigue siendo un elemento de tensión política y social en Asturias y en toda España.