
El Jefe del Servicio de Minas, Santiago Berjano, ha comparecido hoy frente a la comisión parlamentaria que investiga el trágico accidente en la mina de Cerredo, señalando que lo sucedido es un caso excepcional en el sector. Berjano apuntó que la situación es rarísima ya que una empresa adquirió concesiones de minas en cierre por un millón de euros, lo que plantea muchas preguntas sobre las operaciones realizadas. Más inquietante aún, mencionó que el accidente ocurrido el 31 de marzo parece estar ligado a una actividad clandestina, donde se ha evidenciado una estrategia de ocultamiento.
Durante su intervención, Berjano comentó que la colaboración entre la dirección de la mina y parte del personal plantea serias dudas, aunque hizo énfasis en que no está seguro respecto a la implicación de los trabajadores. Sin embargo, subrayó que la falta de declaraciones de testigos es un obstáculo significativo para esclarecer los hechos. En este contexto, la labor de supervisión se complica enormemente, ya que si alguien desea ocultar información, resulta casi imposible acceder a ella.
El Jefe de Minas también destacó que, a pesar de que han ocurrido numerosos accidentes en el sector carbonero, nunca antes su departamento había enfrentado una situación como esta. La magnitud del incidente ha llevado a que no solo se investigue el accidente en sí, sino que también se cuestionen las prácticas de toda la industria minera en la región.
Berjano relató que la inspección tras el accidente fue solicitada de inmediato por el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea, y expresó su sorpresa porque en este tipo de tragedias mortales, hasta ahora se había contado con la colaboración de inspectores del Principado. “Es la primera vez que sucede esto,” indicó, aludiendo a la falta de supervisión local en un caso tan serio.
Expresó su preocupación por la presión que su equipo ha venido soportando desde el día del accidente, señalando que la situación de estrés y constante escrutinio ha dificultado su trabajo. La presión mediática ha añadido una capa de complejidad, aumentando la sensación de estar bajo un microscopio.
Berjano manifestó su agradecimiento por la existencia de esta comisión de investigación, que considera como una oportunidad para hablar abiertamente ante el foco público, luego de haber estado “encapsulados” y sometidos a rumores y opiniones de expertos ajenos al caso.
Relató que su primer acceso a la mina, el 8 de abril, fue sorprendente, ya que la presencia de la policía judicial y del fiscal hizo que el Servicio de Minas se sintiera relegado. La primera inspección reveló que el lugar del accidente había sido ya revisado por varios equipos, lo que comprometió la integridad de cualquier nueva evaluación.
Al analizar las condiciones de la mina, afirmó que las instalaciones eran inadmisibles, careciendo de un sistema de ventilación adecuado y presentando serias deficiencias estructurales. “No se pueden presentar condiciones como estas para un trabajo seguro en minería,” enfatizó, señalando los riesgos de hundimiento y ambientes potencialmente explosivos.
Además, Berjano informó que el equipo encontrado en la mina era el apropiado para la extracción de carbón, aunque presenta una inquietante falta de regulación. Recordó un accidente previo ocurrido en 2022 que dejó una víctima fatal y un herido, el cual motivó investigaciones que habían proclamado la existencia de actividades ilegales de extracción de carbón.
Finalmente, el jefe del Servicio declaró que el informe que abordó la cuestión de extracciones no autorizadas se generó tras la apertura de un nuevo caso que se centra en esas infracciones, y no antes de que ocurrieran los incidentes. Esto evidencia la necesidad de fortalecer las políticas y regulaciones de seguridad en la minería para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
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