El Parlamento asturiano rechaza una iniciativa del PP para indemnizar a familias de dependientes fallecidos en lista de espera

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una proposición del Partido Popular que solicitaba la creación de un fondo de compensación destinado a las familias de personas dependientes fallecidas mientras aguardaban una resolución o prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La propuesta recibió apoyo de Vox y Foro Asturias, pero no alcanzó la mayoría necesaria, siendo rechazada con los votos en contra del PSOE, IU-Más País y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

El debate en la cámara autonómica se centró en las deficiencias del sistema de dependencia en Asturias, donde la oposición y algunos grupos aliados criticaron la gestión actual. La diputada socialista Ana Isabel González Cachero aseguró que la normativa vigente en la región ya contempla el reconocimiento y pago de prestaciones a familiares de personas fallecidas tras solicitar ayuda, considerándola suficiente y defendiendo la gestión del gobierno autonómico en esta materia.

Por su parte, los partidos de derecha y sus representantes expresaron su insatisfacción con la situación del sistema. La portavoz de Vox, Sara Álvarez, denunció que en Asturias han fallecido más de 7.000 personas en lista de espera desde que gobierna el actual Ejecutivo regional, y que muchas no recibieron ayuda alguna. Además, señalaron que la implantación de la historia social única ha agravado las condiciones del sistema, afectando especialmente a las familias más vulnerables.

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó la gestión del gobierno y acusó a IU de no asumir responsabilidades. La iniciativa del PP, defendida por Beatriz Polledo, subrayaba que en 2025, un total de 1.245 personas fallecieron sin recibir las prestaciones a las que tenían derecho, y que la diferencia con la media nacional evidencia un sistema colapsado y en situación de crisis.

Este debate refleja las tensiones políticas en Asturias en torno a la gestión de los servicios sociales y la dependencia, un tema que ha adquirido mayor relevancia en el contexto de crisis sanitaria y social. La oposición insiste en que el sistema requiere reformas profundas para evitar tragedias similares en el futuro, mientras que el gobierno regional defiende la normativa vigente y su propia gestión.

En un escenario más amplio, la situación en Asturias ejemplifica los retos que enfrentan muchas comunidades autónomas en la gestión de la dependencia, un ámbito que ha sido objeto de debate nacional por las dificultades en la ejecución de los recursos y la adecuación de las políticas públicas a las necesidades reales de los ciudadanos más vulnerables.