El PP exige la dimisión de Nieves Roqueñí por su papel en Cerredo

El Partido Popular ha solicitado formalmente la dimisión de Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, tras la aprobación de un dictamen sobre el accidente en la mina de Cerredo ocurrido en marzo de 2025, que causó la muerte de cinco trabajadores. La petición se basa en la responsabilidad política atribuida a Roqueñí por su gestión en un contexto de fallos sistémicos en control y supervisión minera.

El dictamen, aprobado por la Junta General con una amplia mayoría y solo la oposición del Grupo Socialista, señala que la Administración no provocó directamente el siniestro, pero sí incurrió en graves errores en los ámbitos de control, inspección y autorización. La tragedia ha puesto en evidencia una serie de fallos en la supervisión del sector minero en Asturias, un territorio con larga tradición minera y vigente presencia de explotaciones subterráneas.

La implicación de Roqueñí en este contexto político y administrativo ha generado una fuerte contestación por parte del Partido Popular, que vincula su gestión en Transición Ecológica con decisiones polémicas, como la transmisión de derechos mineros en 2023. Además, se cuestiona la idoneidad de su nombramiento en el Puerto de Gijón, en medio de acusaciones de colocación política y de uso de cargos públicos como moneda de cambio.

Este episodio refleja las tensiones existentes entre los distintos actores políticos en Asturias, donde la gestión pública de sectores estratégicos como la minería y el puerto es objeto de controversia. La respuesta del gobierno autonómico, encabezado por Adrián Barbón, aún no ha concretado acciones concretas, pese a las expectativas generadas por el dictamen de la comisión de investigación.

En el contexto actual, la situación evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en sectores sensibles, así como la necesidad de garantizar una gestión pública basada en la capacidad y la experiencia, más allá de consideraciones políticas. La continuidad del debate puede influir en futuras decisiones sobre la gestión del puerto y la política minera en la región.

De cara al futuro, se espera que el gobierno autonómico y las instituciones implicadas clarifiquen su postura y adopten las medidas necesarias para mantener la confianza en la gestión pública. La trágica pérdida de vidas en Cerredo ha puesto de manifiesto la urgencia de reforzar los controles y de evitar que decisiones políticas afecten la seguridad y el interés general.