El PP exige verificar las medidas de seguridad en autobuses 'búho' del Nalón

El Partido Popular en Asturias ha reclamado al Gobierno regional que confirme la seguridad de los autobuses 'búho' en la Cuenca del Nalón. Desde el 21 de agosto, estos vehículos circulan sin las mamparas de protección prometidas, tras haber sido suspendidos durante cuatro meses por un incidente en el que un conductor fue apuñalado en su puesto de trabajo.

Durante ese periodo, se comprometió que los autobuses reactivados contarían con mamparas de seguridad, pero la concesionaria modificó la decisión de última hora. La Administración no detectó la ausencia de estas medidas hasta que Comisiones Obreras lo denunció, lo que genera dudas sobre los protocolos de inspección y control del servicio público.

El diputado Pedro de Rueda ha cuestionado la eficacia de los mecanismos de supervisión y ha señalado que los costes de las medidas de protección rondan los 4.000 euros. La reanudación del servicio sin las medidas comprometidas podría poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y usuarios.

El Ejecutivo regional ha anunciado la apertura de procedimientos sancionadores y la posible resolución de contratos con las concesionarias, pero el diputado ha recordado que la responsabilidad última recae en el Gobierno como titular del servicio, y ha planteado varias preguntas para esclarecer cómo se verifican las condiciones de seguridad antes de la puesta en marcha.

Por otra parte, una vecina de Langreo ha promovido una recogida de firmas para exigir mejoras en el transporte del valle. La iniciativa busca garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y mejorar la conectividad con Oviedo y Gijón, reflejando la preocupación social por la calidad del servicio público en la región.

Este episodio evidencia las tensiones existentes en la gestión del transporte público en Asturias, en un contexto donde la seguridad y la eficiencia son prioridades para los usuarios y la administración. La futura resolución de estos problemas dependerá de la voluntad política y de la efectividad de los mecanismos de supervisión en los servicios públicos.