Expulsado un condenado por asesinato tras cumplir 17 años en Villabona
La Policía expulsa a un dominicano condenado a 17 años por asesinato, con orden vigente desde Villabona. Contexto de la gestión migratoria en Asturias.
La Policía Nacional ha detenido y expulsado de España a un ciudadano dominicano condenado a 17 años de prisión por asesinato. El hombre tenía vigente una orden de expulsión del espacio Schengen y una prohibición de entrada de diez años, acordada por la Delegación del Gobierno en Asturias. La detención se produjo el 19 de octubre.
La operación se inició en junio, cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Asturias abrió una investigación sobre su situación. El detenido había cumplido íntegramente su pena en el centro penitenciario de Villabona. Al salir, debía abandonar el país, pero la orden no se ejecutó de forma inmediata.
Además del homicidio, el expulsado acumulaba antecedentes policiales por delitos relacionados con la violencia de género, así como por resistencia y desobediencia a la autoridad. Estos registros reforzaban la necesidad de ejecutar la medida sin demora. Una vez localizado, los agentes tramitaron los procedimientos necesarios para su salida del territorio.
El caso se enmarca en la labor que desarrolla la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Durante 2026, este cuerpo ha expulsado a 46 extranjeros con antecedentes policiales y judiciales. En conjunto, esas personas acumulaban 151 detenciones por delitos graves y violentos, entre ellos asesinatos, tráfico de drogas, lesiones graves y robos con violencia o fuerza.
Qué significa este tipo de actuaciones para la gestión migratoria en Asturias. La ejecución de expulsiones de personas con condenas graves plantea preguntas sobre el seguimiento de los reclusos extranjeros durante y después de su condena. Las cifras acumuladas muestran la dimensión del fenómeno y la carga operativa que supone para las fuerzas de seguridad. El desafío para las administraciones será mantener la coordinación entre prisiones, policía y Delegación del Gobierno para que las resoluciones de expulsión se ejecuten en plazo.