El Principado asume el control del centro de menores de Sograndio por aumento de internos y gestión

El Gobierno de Asturias ha decidido intervenir la gestión del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, ante el incremento en la población interna y la necesidad de reforzar la administración del centro. La medida implica la creación de una comisión que asumirá las tareas diarias durante al menos tres meses, manteniendo en sus puestos a la actual dirección bajo supervisión.

Este centro, situado en Oviedo, ha visto un aumento de internos, pasando de unos 30 a más de 54 en el último año. La situación ha generado una mayor presión sobre los recursos y la atención, lo que ha llevado a las autoridades a implementar cambios en la gestión y solicitar modificaciones en el régimen de algunos internos mayores de edad considerados conflictivos.

La intervención responde a un contexto político en el que el Ejecutivo autonómico busca garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los centros de menores, ante las críticas y las dificultades surgidas en los últimos meses. La medida también forma parte de una estrategia de mejora integral que incluye refuerzos en plantilla y recursos económicos.

La decisión de tomar el control del centro refleja un enfoque de gestión más directo y supervisado por parte del Gobierno, en un momento en que la política social y de menores está en el centro del debate político en Asturias. La medida busca garantizar la seguridad, la reinserción y el respeto a los derechos de los menores internos.

De cara al futuro, se espera que la intervención permita evaluar en profundidad la situación y adoptar las medidas necesarias para mejorar las condiciones del centro. Además, la Administración continuará ajustando sus recursos y estrategias para responder a la creciente demanda y complejidad en la atención a menores conflictivos.

Esta iniciativa se inscribe en un contexto más amplio de revisión de la gestión de recursos sociales en la comunidad, poniendo en evidencia la necesidad de modernizar y reforzar los mecanismos de control en instituciones clave como los centros de menores.