El Principado autoriza la extracción de 67 lobos para reducir daños a la ganadería
El Gobierno de Asturias permitirá la caza controlada de un máximo de 67 lobos en diferentes zonas de la comunidad autónoma. La medida, prevista en el II Plan de Gestión del Lobo, busca equilibrar la conservación de la especie con la protección del sector ganadero. La autorización se basa en un censo estimado de entre 412 y 460 ejemplares, en un contexto de aumento de ataques y daños en el ganado.
Desde 2001, la población de lobos en Asturias ha crecido de forma sostenida, y actualmente ocupa el 83% del territorio asturiano, con más de 50 manadas identificadas. La expansión de la especie ha generado tensiones con el sector agrícola, que reclama medidas para reducir los perjuicios económicos. La gestión del lobo en la región se encuentra en un momento clave, con debates sobre el equilibrio entre conservación y compatibilidad con la actividad ganadera.
Las acciones de control se realizan principalmente en los meses de mayor conflicto, entre enero y abril y en la segunda mitad del año, con la posibilidad de intervenciones puntuales en verano. La estrategia contempla métodos selectivos, como aguardos y batidas coordinadas, siempre bajo supervisión de agentes medioambientales. La comunidad busca compatibilizar la protección de la especie con la sostenibilidad de la ganadería extensiva.
Desde una perspectiva política, la regulación refleja un compromiso del Gobierno asturiano con la gestión forestal y la conservación del lobo, en línea con las directrices nacionales y europeas. Sin embargo, la medida también responde a las presiones del sector ganadero y a la necesidad de reducir las indemnizaciones por daños, que en 2025 superaron los 1,9 millones de euros. La gestión de los recursos naturales sigue siendo un tema de debate entre conservación y desarrollo económico.
El futuro de la política de gestión del lobo en Asturias dependerá de la evolución de la población y de la efectividad de las medidas adoptadas. La posible incorporación de nuevos grupos y la evaluación de daños continuarán moldeando las decisiones gubernamentales. La comunidad autónoma enfrenta el reto de mantener un equilibrio entre proteger la biodiversidad y garantizar la viabilidad del sector ganadero en un contexto de crecimiento poblacional de la especie.