En un reciente informe sobre la prostitución y la trata de personas en Asturias, se ha revelado que el 68,6% de estos casos se registra en pisos, con un 29,6% en clubes y solo un 1,2% en la calle. Las ciudades más afectadas son Oviedo, Gijón y Avilés, donde la situación presenta cifras alarmantes que exigen una respuesta decidida y eficaz del Gobierno.

La intervención de diversas entidades ha dado resultados significativos, ya que en 2023 se logró que 108 mujeres abandonaran la prostitución y se identificaron 19 casos de trata. Estos datos son un testimonio del impacto que pueden tener las acciones coordinadas en la lucha contra este oscuro fenómeno social.

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, anunció este jueves que se dará un impulso al diseño de un protocolo que facilite la atención y coordinación para las víctimas de explotación sexual. Este nuevo protocolo se basará en un modelo similar al que se utiliza para víctimas de violencia de género, con el objetivo de sensibilizar a la población y reducir la demanda de prostitución.

Durante la presentación del informe titulado 'Prostitución, Explotación Sexual y Trata con fines de Explotación Sexual en Asturias', Llamedo destacó que este estudio retrata la dura realidad de 1.100 mujeres que han estado en contacto con entidades de apoyo como Apramp, Fundación Amaranta y Médicos del Mundo. La información recopilada pone de manifiesto la necesidad de un enfoque integral para abordar este problema social.

El estudio revela que de las 441 víctimas atendidas durante el año pasado, aproximadamente 108 lograron salir de estas situaciones de violencia sexual, una cifra que representa a una de cada cuatro mujeres contactadas. Además, se han podido ofrecer resultados concretos al identificar 19 casos de trata dentro de la región.

El análisis también proporciona una visión clara sobre los lugares en que se produce esta actividad, indicando que, de manera abrumadora, más del 90% de las mujeres se encuentra en pisos, lo que contribuye a enmascarar la realidad de la prostitución en entornos urbanos. La mayoría de estos casos se concentran en Oviedo (39%), Gijón (28,3%) y Avilés (17,2%).

La vicepresidenta Llamedo ha subrayado la importancia de dar visibilidad a lo que define como “una forma de esclavitud de las mujeres”. En sus declaraciones, enfatizó que no se debe aceptar la idea de que una mujer pueda ser comprada, ni siquiera por un momento. Este enfoque pone de relieve la necesidad apremiante de un cambio cultural en la percepción sobre la prostitución y la explotación sexual.

“Vamos a trabajar para que la demanda, que en definitiva alimenta la existencia de estas mujeres como víctimas de trata y prostitución, disminuya”, afirmó Llamedo, reiterando el compromiso del Gobierno asturiano hacia la abolición de estas prácticas. La intención es transformar a Asturias en un bastión de la lucha abolicionista, un movimiento que ya ha comenzado a tomar forma en la región.

La estrategia del Gobierno autonómico se enfoca en un modelo de intervención pública, el cual integra la atención a las víctimas de manera coordinada con entidades especializadas, además de elaborar un protocolo que involucre a todas las instituciones pertinentes, tanto públicas como privadas. “Es un trabajo conjunto para asegurar que ninguna mujer sea víctima de trata, explotación sexual o prostitución en Asturias”, aseguró la vicepresidenta.

Este exhaustivo estudio fue encargado por el Gobierno asturiano a la Universidad de Oviedo, en colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer y las organizaciones mencionadas. Se sitúa dentro de la ‘Estrategia para la Abolición de la Prostitución y Trata con Fines de Explotación Sexual (2023-2028)’, que marca un claro compromiso por erradicar estas prácticas en la región.

Por último, el informe revela que la mayoría de las 1.100 mujeres involucradas en el análisis tienen entre 26 y 45 años, siendo predominantemente extranjeras. El 82,3% proviene de América Latina y El Caribe, con mayor representación de países como Colombia, Brasil y República Dominicana, mientras que solo un 8% son españolas y alrededor del 10% provienen de otras nacionalidades. Alarmantemente, un 40% de estas mujeres carece de permisos de residencia, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad extrema.