El Principado desbloquea la licencia de viviendas en La Barquerina tras modificar el deslinde marítimo-terrestre

El Gobierno del Principado de Asturias ha levantado la suspensión que afectaba a un edificio de viviendas en La Barquerina, Villaviciosa. La autorización se reactivó tras la publicación en el BOE de la modificación del deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Este cambio en el deslinde, que ocurrió el 23 de abril, permite retomar los trámites administrativos para la concesión de la licencia de primera ocupación del inmueble, promovido por Construcciones José González. La modificación rectifica una delimitación que en el pasado generó bloqueos y expedientes sancionadores, debido a un deslinde excesivamente restrictivo en la zona.

La resolución del conflicto implica que las viviendas podrán ser habitadas una vez que la promotora complete las instalaciones pendientes y el ayuntamiento conceda la licencia. La visita de comprobación del arquitecto municipal, realizada el 20 de abril, confirma que el proceso continúa en marcha y que no hay obstáculos jurídicos en vigor.

Este episodio refleja una disputa administrativa que se remonta a la aprobación del deslinde en 2000, que fijó una servidumbre de protección de 100 metros. La normativa vigente en aquel entonces permitía solo 20 metros, lo que derivó en sanciones y paralizaciones del proyecto. La resolución actual busca corregir esta discrepancia y facilitar actuaciones urbanísticas futuras en la zona.

Desde la administración autonómica y local se ha destacado la cooperación entre organismos y la importancia de actuar conforme a la ley y al interés público. La decisión también abre la puerta a resolver otros procedimientos sancionadores relacionados y a impulsar el desarrollo urbanístico en terrenos costeros, en un contexto de mayor claridad jurídica y protección del patrimonio natural.

De cara al futuro, esta medida puede marcar un precedente en la gestión de deslindes en zonas costeras del Principado, promoviendo mayor seguridad jurídica y agilizando los procesos urbanísticos. El reto será equilibrar la protección del litoral con las necesidades de desarrollo y vivienda, en un escenario político donde las decisiones sobre gestión territorial continúan siendo objeto de debate.