El Principado exige un Real Decreto de vivienda «ambicioso» para abordar la crisis habitacional
El Gobierno asturiano ha solicitado al Ejecutivo central que el nuevo decreto de vivienda sea marcado por su ambición y alcance. La medida, que se presentará en el Consejo de Ministros, contempla acciones en alquiler, desahucios, vivienda turística, acceso a la propiedad y promoción de vivienda protegida, entre otros aspectos. La demanda busca que las políticas nacionales sean capaces de responder a las realidades del mercado y de la demanda social en materia de vivienda.
Este pronunciamiento se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la accesibilidad a la vivienda en todo el país, agravada por la escasez de oferta, los precios en alza y las dificultades para ciertos colectivos. La comunidad asturiana, con una economía en proceso de recuperación y un mercado inmobiliario que muestra signos de tensión, apuesta por medidas que puedan mitigar la situación de vulnerabilidad y facilitar el acceso a la vivienda digna.
Entre las propuestas que se barajan figura la imposición de IVA a los alquileres turísticos, una demanda histórica del Principado. La medida busca equilibrar la oferta de viviendas y frenar la conversión de residencias en alojamientos turísticos, con el objetivo de favorecer la disponibilidad de vivienda para residentes. La inclusión de medidas de protección contra desahucios y el impulso de viviendas de protección pública también forman parte de las expectativas.
Desde el punto de vista político, la petición refleja la necesidad de coordinación entre administraciones para afrontar un problema de gran calado. La comunidad autónoma ha manifestado su interés en que el decreto sea lo más ambicioso posible, con el fin de generar un impacto real y duradero en el mercado. La postura del Principado evidencia además la sensibilidad ante las desigualdades sociales que genera la crisis habitacional en distintas zonas del país.
El contexto actual muestra que la lucha por una política de vivienda efectiva requiere un enfoque integral, que combine medidas legislativas, económicas y sociales. La futura normativa deberá articularse en un marco de colaboración entre las diferentes administraciones, actores del mercado y organizaciones sociales. La expectativa es que esta iniciativa sirva de catalizador para un cambio profundo en las políticas de vivienda en España.
En perspectiva, la aprobación de un decreto más ambicioso puede marcar un punto de inflexión en la regulación del mercado inmobiliario y en la protección de los derechos de los ciudadanos. La comunidad asturiana, con su sensibilización a estas cuestiones, continuará vigilando y participando en el proceso de definición de políticas que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes.