OVIEDO, 19 de enero. La comunidad autónoma de Asturias ha expresado este lunes su respaldo al sector pesquero local, que enfrenta nuevos retos con la reciente implementación de las normativas establecidas en el Reglamento Europeo de Control, que entró en vigor el 10 de enero.

El Gobierno del Principado ha destacado a través de un comunicado que estas regulaciones son "particularmente cruciales" para su flota, compuesta en su mayoría por embarcaciones de bajura y artes menores que realizan actividades pesqueras a escasa distancia de la costa y se centran en la captura de múltiples especies.

Aunque la Consejería de Medio Rural y Política Agraria respalda los fines del reglamento, como la mejora de la trazabilidad y el combate a la pesca ilegal, advierte que algunas de sus disposiciones, como la notificación de entrada a puerto con hasta cuatro horas de antelación y el registro exhaustivo de las capturas desde el primer kilogramo, presentan grandes desafíos para esta flota específica.

El Principado ya había señalado la importancia de considerar las particularidades de la pesca artesanal en el Cantábrico durante la fase de preparación del reglamento, subrayando las dificultades que enfrentan las embarcaciones de menor tamaño y las limitaciones de tiempo en las mareas. Esta preocupación se planteará nuevamente en la Conferencia Sectorial de Pesca programada para mañana, 20 de enero.

Las autoridades asturianas enfatizan que cualquier nueva regulación debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad y la viabilidad económica del sector, dado que la salvaguarda de los recursos pesqueros tiene un impacto directo en la industria. Por ello, el Principado considera "esencial" que la implementación del reglamento sea "gradual, flexible y ajustada a la realidad de la pesca de bajura en la región".

Además, el Gobierno de Asturias reafirma su compromiso de ser un "interlocutor activo" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, promoviendo "propuestas constructivas" que faciliten el progreso en la trazabilidad y el control sin poner en peligro la viabilidad de un sector clave para las comunidades costeras, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la región.