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Política 26 de Septiembre de 2026 · 11:59h 2 min de lectura

El PSOE denuncia irregularidades en el expediente de los conciertos del Auditorio en Oviedo

El expediente de programación de los Conciertos del Auditorio, con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros, fue aprobado sin atender las advertencias de la Asesoría Jurídica. La Fundación Municipal de Cultura se saltó los informes que señalaban deficiencias en la documentación requerida.

El informe jurídico inicial, fechado en julio, advertía sobre la falta de acreditación del marco legal del director artístico, la vinculación con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, la justificación de precios y un desglose económico completo. A pesar de ello, el expediente fue aprobado en septiembre, sin subsanar los aspectos señalados.

Esta situación genera dudas sobre la legalidad de las contrataciones y la gestión del dinero público. La renuncia en junio del director artístico de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, Cosme Marina, agrava la falta de dirección clara en la programación cultural y en los procedimientos de contratación.

Desde el ámbito político, el concejal socialista Javier Ballina denuncia que el equipo de gobierno conocía las deficiencias desde julio, pero no resolvió los problemas, poniendo en riesgo la legitimidad de las contrataciones futuras. La falta de documentación adecuada puede afectar la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos.

Este caso refleja posibles carencias en la supervisión jurídica de los procesos administrativos en el ayuntamiento. La situación podría tener implicaciones en la credibilidad del gobierno municipal y en la gestión de recursos destinados a cultura, en un contexto político donde se demanda mayor control y transparencia en la administración pública.

De cara al futuro, será fundamental que las instancias responsables refuercen los procedimientos y aseguren la correcta documentación en proyectos de alta inversión pública. La transparencia en la gestión cultural será clave para recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar la legalidad de las contrataciones.

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