Qué hay detrás de la denuncia del PP de Siero por presuntas represalias a comercios por firmas contra la privatización del agua
El PP de Siero abandona el pleno y denuncia represalias a comercios por firmas contra la privatización del agua. Pide ceses y reclama transparencia municipal.
Los siete concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero abandonaron este jueves el pleno municipal. La protesta responde a la falta de explicaciones del gobierno local sobre la supuesta interrupción de relaciones comerciales con establecimientos del concejo que participaron en la recogida de firmas contra la privatización de la gestión del agua. El PP anuncia una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias.
El portavoz popular, Juan Luis Berros, sostiene que varios comercios que suministraban habitualmente productos al Ayuntamiento habrían dejado de recibir encargos municipales tras colaborar en la recogida de firmas. Según el partido, esa decisión partiría del concejal de Deportes, Jesús Abad Busto. El PP reclama su cese y también pide la dimisión del alcalde, Ángel García. Estas acusaciones no han sido contrastadas con documentación independiente en la información disponible.
El conflicto tiene además una dimensión de procedimiento. Berros recuerda que el PP presentó una moción sobre este asunto en agosto. Según la formación, la iniciativa no se incluyó en el orden del día del pleno ni fue informada previamente en la comisión municipal. Para los populares, esa tramitación refuerza la sospecha de falta de transparencia en la actuación del gobierno municipal.
Las implicaciones son de dos tipos. Por un lado, si se confirmara que el acceso a contratos municipales dependió de la postura de los comerciantes ante una iniciativa ciudadana, se plantearía un problema de imparcialidad administrativa. Por otro, el caso enlaza con el debate sobre la gestión pública del agua, un asunto que ha movilizado a parte de la sociedad del concejo. Conviene separar ambos planos, porque la denuncia del PP y la respuesta del gobierno municipal aún no han sido verificadas por una instancia externa.
La intervención del Consejo de Transparencia será el primer paso para aclarar los hechos. Su eventual resolución marcará el alcance político del caso y la capacidad de los grupos de la oposición para exigir rendición de cuentas en el pleno. Mientras tanto, la información disponible procede de la versión de una de las partes, y será necesario conocer la posición del equipo de gobierno para tener un cuadro completo.