La ONG Abogados Cristianos ha manifestado que la reciente decisión del Ministerio Fiscal de solicitar el sobreseimiento de un caso en Gijón evidencia su supuesta imparcialidad en la investigación de actos que podrían constituir discriminación.

En Gijón, el Juzgado de Instrucción número 4 ha rechazado la solicitud de reforma hecha por la Fiscalía contra la resolución del 12 de marzo de 2025. Esta resolución permitió la apertura de diligencias en relación con una denuncia presentada por el mencionado colectivo, que argumentó que la conocida 'procesión de la Santina Queer', celebrada el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, podía representar un acto de discriminación hacia su grupo religioso.

Conforme a lo establecido por la magistrada, el Ministerio Fiscal tiene un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones y la documentación pertinente. Después de este período, se abrirá otro plazo de cinco días para que las partes implicadas puedan aportar sus propias argumentaciones antes de que el caso sea elevado a la Audiencia Provincial para su resolución final.

La Fiscalía había sostenido que debería haberse dictado un sobreseimiento libre, argumentando que los hechos presentados no constituían un delito ni justificaban la apertura de diligencias. No obstante, la magistrada considera que la llamada 'procesión de la Santina Queer' tiene un carácter potencialmente denigrante y puede ser vista como una agresión hacia el grupo denunciante en función de su fe religiosa.

Ante esta apreciación, la jueza ha demandado una investigación preliminar para determinar si hay indicios suficientes de criminalidad que justifiquen continuar con el proceso o, por el contrario, si se podría dar un sobreseimiento provisional por insuficiencia de pruebas.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha expresado su preocupación a través de un comunicado, señalando que el Ministerio Público parece estar legitimando los ataques contra los cristianos, mientras que también se están tomando acciones legales en contra de un sacerdote católico por sus opiniones sobre el islamismo radical.

Castellanos también ha destacado la clara falta de imparcialidad de la Fiscalía, haciendo hincapié en la situación del Fiscal General del Estado, quien se encuentra bajo investigación, lo cual, según ella, agrava el contexto de manipulación en el manejo de estos casos.