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Martes, 10 de noviembre de 2026 Edición Asturias · Red Crónica
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El TSJA anula el II Plan de Gestión del Lobo en Asturias por falta de base legal

El TSJA anula el plan de control del lobo en Asturias por falta de base legal, tras la derogación del plan anterior por normativa estatal.

Redacción automática · Crónica Asturias 2 min de lectura
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictaminado la nulidad del programa de control del lobo 2025-2026 aprobado por la Consejería de Medio Rural. La decisión responde a que dicho plan se sustentaba en un marco normativo que ha quedado derogado, específicamente el II Plan de Gestión del Lobo de Asturias, tras la entrada en vigor de la orden estatal de 2021 que incluyó a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). La resolución judicial aclara que el ejecutivo autonómico no pudo justificar el control letal basado en un plan que ha perdido su vigencia legal. La sentencia, además, deja abierta la posibilidad de recurrir mediante casación y no impone costas. Este fallo implica que futuras políticas de gestión del lobo en la región deberán ajustarse a la normativa vigente, dejando en entredicho las acciones anteriores. La decisión judicial refleja el escenario de tensión entre la protección ambiental y las políticas de control de especies en una comunidad donde la conservación y la gestión de recursos naturales son temas de fuerte debate político. La administración autonómica sostiene que no hubo derogación expresa del decreto y que su plan era compatible con la normativa estatal, pero el tribunal ha considerado que la orden de 2021 prevalece. En un contexto político marcado por la disputa entre ecologistas, sectores agroganaderos y las administraciones públicas, esta resolución añade complejidad a la estrategia de gestión del lobo en Asturias. La comunidad deberá ahora revisar sus enfoques y establecer un marco legal claro para futuras actuaciones, en un escenario donde la protección de la biodiversidad y la regulación de especies depredadoras siguen siendo temas prioritarios. La sentencia refuerza el papel de la justicia en la supervisión de las políticas ambientales y establece un precedente importante para la gestión de especies protegidas en la región.

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