OVIEDO, 16 de diciembre.

Recientemente, la mesa del Tercer Sector en Asturias ha presentado un estudio exhaustivo sobre la situación actual del sector en la región, trabajo realizado en colaboración con un equipo de la Facultad Padre Ossó. Entre las principales conclusiones, se destaca la necesidad de establecer una legislación específica para el Tercer Sector que les reconozca como agentes sociales y que garantice un mayor acceso a financiamiento privado. Actualmente, se observa que el 80% de los recursos financieros provienen de fondos públicos, lo que genera preocupación en el ámbito de la sostenibilidad.

Esta investigación ha sido respaldada económicamente por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, gracias a los Fondos Europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los impulsores del estudio han expresado su confianza en que se convertirá en una herramienta fundamental para analizar la realidad del Tercer Sector y para orientar sus perspectivas futuras.

El presidente de la mesa, Víctor García, subrayó la importancia de contar con un diagnóstico que refleje el impacto social y económico de las organizaciones del Tercer Sector en Asturias, una solicitud recurrente entre estas entidades. Este diagnóstico se vuelve crucial en un contexto donde 244 organizaciones de acción social suelen enfrentarse a precariedades significativas, incluidas desafíos relacionados con la financiación y la dinámica laboral.

Desde la Mesa del Tercer Sector se ha enfatizado la urgencia de contar con una ley que les otorgue el estatus necesario para interactuar de manera efectiva con las administraciones públicas. Esto les permitiría actuar como un interlocutor válido y facilitaría una mayor participación en la toma de decisiones que impacten a la comunidad.

García también ha renovado su demanda de una legislación que refrende el rol del Tercer Sector como un agente social relevante, capaz de dialogar y colaborar con las administraciones tanto a nivel regional como municipal.

José Antonio Llosa, investigador principal del estudio, ha apuntado que la mayor fortaleza del Tercer Sector en Asturias radica en su larga trayectoria de 30 años. Sin embargo, también coincidió en que la falta de estabilidad financiera es un tema crítico que debe ser abordado. En su opinión, el futuro del sector podría mejorar al acceder a fondos europeos y fomentar la colaboración con inversores privados mediante estrategias de responsabilidad social empresarial.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha destacado el impacto significativo del trabajo de las entidades del Tercer Sector, que benefician a alrededor de 141.000 ciudadanos en Asturias. “Este primer estudio nos permitirá tomar decisiones informadas sobre la sostenibilidad del sector, que es una demanda constante de las organizaciones”, aseguró.

La consejera también indicó que es esencial analizar las posibles mejoras en relación con las estrategias ya implementadas, como la lucha contra la soledad no deseada y la erradicación de la violencia. Estos esfuerzos están en el centro de la futura legislación sobre el Tercer Sector, que se propone definir claramente el papel de estas entidades y establecer espacios de diálogo perdurables con la administración, lo que garantizaría una comunicación y coordinación más efectiva.