OVIEDO, 4 de septiembre. En una reciente comparecencia ante la comisión que investiga el trágico accidente minero de Cerredo, el ingeniero Alejandro Álvarez, quien desempeñó funciones como inspector de seguridad minera, ha afirmado que no presenció la extracción de carbón en la citada mina durante su gestión como actuario entre mayo de 2020 y enero de 2023. Sin embargo, se ha revelado que una investigación posterior al fatal incidente ocurrido en 2022 corroboró que tenía lugar actividad minera en la zona.

Álvarez compareció durante la investigación sobre el accidente del 31 de marzo de 2025, que resultó en la muerte de cinco trabajadores y dejó a cuatro más heridos. Como actuario, fue uno de los responsables de elaborar el informe final sobre el siniestro de 2022, en el que se documentó la presencia de un bolquete cargado de carbón, deduciendo que este material provenía del sexto piso de la mina, donde la extracción no estaba permitida.

A pesar de sus hallazgos previos, el ingeniero se mostró incapaz de aclarar los sucesos recientes de este año, ya que su labor en el grupo Cerredo culminó a inicios de 2023. Álvarez manifestó que la carga de trabajo asignada le impide ocuparse de asuntos ajenos a sus responsabilidades.

En una de las intervenciones con los diputados, Álvarez admitió su vinculación con Jesús Rodríguez Morán, dueño de ciertas explotaciones mineras a las que, según comentó, visitó en numerosas ocasiones, argumentando que su presencia en el lugar no era inusual.

Por otra parte, el ingeniero destacó que no estaba al tanto del estado del expediente minero cuando la compañía Combayl presentó una propuesta de desimpactación, que buscaba retirar equipos y materiales con el objetivo de restaurar el entorno natural, antes de que se convirtiera en Blue Solving. Por esta razón, no pudo confirmar si esta última compañía había presentado algún documento similar tras retomar la actividad minera.

Finalmente, Álvarez subrayó que una de las cláusulas incluidas en la resolución de transmisión de derechos mineros era precisamente el compromiso de no obstaculizar el proceso de restauración. Añadió que la gestión de tales trámites recae en otra sección, específicamente la de ordenación minera, que es la encargada del expediente correspondiente.