OVIEDO, 23 de septiembre. En un desarrollo impactante, la Fiscalía del Principado de Asturias ha pedido una condena de 3 años y 6 meses de prisión para un hombre involucrado en un incendio forestal intencional ocurrido en agosto de 2023 en Mieres. Este mismo individuo también intentó sin éxito provocar incendios en dos ocasiones adicionales en un breve lapso de tiempo, lo que ha generado gran preocupación en la comunidad. El juicio se llevará a cabo este miércoles a las 10:00 horas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

Según la información proporcionada por el Ministerio Fiscal, el acusado, de 58 años de edad, utilizó una fuente de calor directa en la madrugada del 10 de agosto de 2023, dirigiéndola hacia un matorral cercano a Santullano. Esta acción resultó en un incendio que devastó un área de aproximadamente 84 metros cuadrados, donde se encontraban especies de avellano, tojo, laurel y helecho. La rápida intervención de equipos especializados logró extinguir las llamas alrededor de las 8:00 horas del mismo día.

Asombrosamente, solo un día después, el 11 de agosto, y nuevamente el 18 del mismo mes, el mismo acusado intentó iniciar fuegos en esa misma área, aunque sin éxito en expandir los incendios. Las operaciones de extinción frente a estas llamas han tenido un coste total de 1.071,76 euros, un hecho que resalta la carga que estas acciones irresponsables imponen a los recursos públicos.

La Fiscalía ha calificado estos actos como un "delito continuado de incendio forestal", citando los artículos 352 y 74 del Código Penal, así como el artículo 5 de la Ley 3/2004, que regula la protección de los montes y la ordenación forestal en la región de Asturias. En este contexto, la gravedad de los actos del acusado no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino también la seguridad de los ciudadanos.

Además del encarcelamiento, el organismo judicial está demandando una inhabilitación especial que impida al acusado ejercer su derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, que deberá ser pagada o, de lo contrario, el acusado enfrentará responsabilidad subsidiaria.

Finalmente, en términos de responsabilidades civiles, la Fiscalía ha exigido que el acusado compense al Principado con la misma cantidad que costaron las operaciones de extinción, es decir, 1.071,76 euros, más los intereses legales pertinentes, reforzando la importancia de que quienes cometen delitos ambientales enfrenten las consecuencias de sus actos.