La Administración autonómica licita 108 plazas residenciales para discapacidad por 7 millones

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado ha sacado a licitación un contrato de 7.005.345 euros para la gestión de 108 plazas residenciales destinadas a personas con discapacidad y dependencia. La inversión se distribuye en tres ejercicios económicos, siendo 1,76 millones en 2023, 3,49 millones en 2027 y 1,74 millones en 2028.

El objetivo principal es reforzar la red pública de atención en diferentes áreas territoriales, con especial énfasis en el centro, la cuenca del Caudal y la cuenca del Nalón. La distribución de plazas busca garantizar una respuesta homogénea y adaptada a las necesidades del colectivo, en un contexto donde las políticas sociales buscan mejorar la atención y los recursos disponibles.

Este proceso refleja una apuesta del Gobierno autonómico por ampliar y mejorar los servicios residenciales, en un momento en que la atención a la discapacidad y dependencia se sitúa como prioridad política. La inversión en estas plazas responde a la necesidad de ofrecer apoyos tanto en estancias permanentes como temporales, incluyendo atención sanitaria, rehabilitadora y social.

El contexto político en Asturias muestra un compromiso de los responsables de Derechos Sociales por mantener un gasto sostenido en infraestructuras y servicios sociales, en línea con las políticas de bienestar social impulsadas en los últimos años. La licitación también busca cubrir necesidades emergentes, como los apoyos para cuidadores y situaciones de convalecencia.

Este tipo de iniciativas se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración para consolidar un sistema de atención integral, que sea capaz de responder a los retos demográficos y sociales de la región. La continuidad en la inversión y la planificación a medio plazo son claves para garantizar la calidad y sostenibilidad de estos recursos.

De cara al futuro, se espera que estas acciones se complementen con nuevas inversiones y reformas en el sistema de atención residencial, en línea con las demandas sociales y los compromisos políticos asumidos en el marco de la política social autonómica. La atención a la discapacidad y dependencia continúa siendo un campo prioritario para la gestión pública en Asturias.