El rechazo a la prórroga del contrato de seguridad en Sograndio genera tensión política y laboral
La Consejería de Justicia prorroga el contrato de seguridad en Sograndio, generando tensión laboral y política por incumplimientos y marcos jurídicos.
El comité de Hacienda denuncia que la Consejería de Justicia prorroga el contrato de seguridad en el centro de menores de Sograndio, en Oviedo, en contra de lo previsto. La decisión, tomada por el consejero Guillermo Peláez, implica una prórroga de cinco meses, en lugar de una licitación urgente, alegando un marco jurídico que lo impide.
Este cambio de criterio responde a la controversia en torno a la gestión del centro y la situación de incumplimientos por parte de la actual empresa de seguridad. La plantilla, que ha sufrido fugas y agresiones, cuestiona la prioridad de garantizar un servicio esencial para la seguridad y el mantenimiento del centro.
Las implicaciones políticas apuntan a una posible disputa interna en el gobierno asturiano, con diferencias entre las declaraciones de la viceconsejera y las decisiones del consejero de Hacienda. La situación ha puesto en entredicho también la continuidad de la dirección del centro, en un contexto de cambios en la gestión y nombramientos recientes.
Desde el punto de vista político, la polémica refleja la tensión entre los compromisos de gestión eficiente y las limitaciones jurídicas que afectan la toma de decisiones en la administración pública. La prórroga prolonga una situación que para los sindicatos y trabajadores resulta insostenible y pone en duda la seguridad del centro.
En el horizonte, la situación puede derivar en una revisión de los procedimientos y en una mayor atención a las condiciones del personal y la seguridad en centros de menores. La gestión del centro de Sograndio se convierte en un caso de análisis sobre la eficacia de las políticas públicas en la protección y bienestar de los menores.